Medio Ambiente advierte que Torre Vella ya no puede legalizar las obras sin licencia

Cabe recordar en este punto que el agroturismo de Torre Vella hace tiempo que terminó las obras y de hecho se inauguró en verano del año 2019. Aún así la empresa promotora, HBF Torre Vella SL, presentó hace unos meses un proyecto de lagalización ante el Ayuntamiento de Alaior, competente en materia urbanística. Preguntado al respecto, Alorda asegura que «cualquier proyecto de legalización que no respete al pie de la letra los condicionantes de la declaración de impacto ambiental favorable (que el pleno de la comisión emitió en mayo del año 2018) será nula de pleno derecho».

Uno de los aspectos que decantaron el informe favorable del órgano de control medioambiental del Govern fue precisamente la inclusión en el proyecto de siete depósitos subterráneos para acumular agua depurada y destinarla al riego de las zonas ajardinadas, una medida para corregir los excesivos consumos hídricos del establecimiento turístico proyectado. El GOB detectó en otoño de 2019 que esos depósitos eran en realidad piscinas para el disfrute de los clientes. Y finalmente el Consorcio para la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico le ha dado la razón abriendo expediente y proponiendo una importante sanción que asciende a casi 1,5 millones a repartir en partes iguales entre el promotor, el constructor y el arquitecto que se encargó de la dirección de obras.

Los servicios legales del promotor defienden que tanto las piscinas, como otras actuaciones que se han hecho contra el informe de Medio Ambiente –por ejemplo los 2.000 metros cuadrados de camino asfaltado que debía ser agrario– tienen perfecta cabida en la normativa (tanto en la Norma Territorial Transitoria, como en el nuevo PTI), por lo que son legalizables. No obstante, desde la Comisión Balear de Medio Ambiente recuerdan que el proyecto no debe solo cumplir con los preceptos urbanísticos, sino también con los medioambientales. De hecho explica que los implicados deben hacer frente tanto a las multas urbanísticas, como a las ambientales por haber desobedecido la declaración de impacto ambiental.

En ese sentido Alorda insiste en que cualquier intento de legalizar las actuaciones «debe pasar por nosotros» y reconoce que en otros casos, cuando el proyecto no se ha terminado de ejecutar, el promotor puede plantear una modificación del mismo y «en ese caso sí lo evaluaríamos». También cierra la puerta a la opción de que en la licencia no figuren los condicionantes de Medio Ambiente porque de ser así «sería nula» y recuerda que la comisión emite informe vinculante y que el Consistorio debe ser el encargado de velar por que se cumplan sus condiciones.

La única vía que desde su experiencia Alorda entiende que los promotores tienen para poder sacar adelante las actuaciones sería restituir la situación anterior, es decir, eliminar las piscinas y el resto de obras sin el amparo de la licencia: «Si entonces quieren hacer otro planteamiento, que lo hagan», aunque ya avanza que tendría un «mal tramitar» porque lo lógico es que el pleno vuelva a posicionarse del mismo modo que lo hizo en 2018, cuando advirtió de la necesidad de tomar medidas para reducir el excesivo consumo de agua del proyecto. No parece que esa sea una solución sencilla.

El GOB, vigilante

Por otra parte, el GOB advertía este jueves que no piensa quedarse en la denuncia elevada al Consorcio insular de disciplina urbanística, sino que se mantendrá vigilante. En ese sentido, su coordinador de Política Territorial, Miquel Camps, explicaba ayer que la entidad ecologista se personará en el expediente del Ayuntamiento de Alaior, solicitando ser parte para que se le mantenga informado y para informar al Consistorio de que «no es solo un proyecto con siete piscinas sin licencia, sino que éstas sustituyen elementos obligatorios en la aprobación medioambiental. Sin los depósitos no se habría aprobado». Desde el GOB concluyen con la advertencia de que si en el proceso detectan algo que no se ajusta, «lo impugnaremos».