El concejal de Urbanismo de Es Migjorn, Ramón Verdú, y la alcaldesa, Antonia Camps. | R.L.

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El Ayuntamiento de Es Migjorn está convencido de que el Consell está «bloqueando» su salida del Consorcio para la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico y está dispuesto a llegar hasta donde haga falta para denunciarlo. El concejal de Urbanismo del Consistorio, Ramón Verdú, lamenta que hace ocho meses que formalizaron su solicitud para salir de este servicio mancomunado y asumir en solitario la vigilancia urbanística en suelo rústico y que ésta no se termina de resolver: «La ley dice que tenemos que agotar todas las vías administrativas, hemos enviado el último recurso y después iremos a los tribunales».

El protocolo dicta que cuando un ayuntamiento quiere salir del consorcio el resto debe aprobar por pleno su propia continuidad, una suerte de disolución de todo para volverse a configurar con los miebros que permanecen. Asimismo, se debe firmar un convenio con el ayuntamiento en cuestión. Verdú denuncia que se ha retrasado el procedimiento, algo que entiende que es «ilegal», y que además el convenio se podría firmar sin esperar al trámite de cada uno de los plenos municipales: «Ni ta siquiera lo tienen preparado y han retrasado mucho el proceso, no pueden estar ocho meses en resolverlo, eso es ilegal, nosotros tenemos todo el derecho a salir del consrocio», insiste.

Verdú expone los argumentos que han hecho tomar la decisión de escindirse del consorcio. Asegura que ha detectado que «hay expedientes que caducan y que no los vuelven a abrir porque son de sus amigos y otros que sí», en una grave acusación de tato de favor y de amiguismo con la que se alinea con la asociación de propietarios de hortals, con los que se solidariza. «La manera de gestionar del consorcio es inhumana. Muchos propietarios se han dirigido al ayuntamiento y nos piden que los ayudemos».

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