El Consell liquida el acuerdo con los dueños y expropiará el parking de Cala Mitjana

El problema es que no llega a tiempo para culminar el proceso para este verano –entre otras cosas porque sus servicios jurídicos han advertido de que debe ser el Ayuntamiento de Ferreries el sujeto de la expropiación, y ahora se ve abocado a alcanzar un nuevo acuerdo de alquiler con la propiedad, la familia De Olives, si no quiere enfrentarse a un gran problema de falta de aparcamiento ya no solo para Cala Mitjana, sino también para la saturada Cala Galdana.

El convenio suscrito en 2012 entre los propietarios y el Ayuntamiento de Ferreries implicaba la cesión de la zona de aparcamiento a cambio de una compensación urbanística, la posibilidad de urbanizar dos parcelas adyacentes, una para edificar viviendas unifamiliares (con una cesión de suelo del 15 por ciento para el municipio) y el otro para un equipamiento de aprovechamiento lucrativo. Esos acuerdos, que se incluyeron en la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana, desaparecieron en la aprobación definitiva, que no obstante mantuvo los terrenos como uso de aparcamiento. El acuerdo también establecía que mientras el convenio no se reflejara en el planeamiento municipal y el PTI, el parking se usaría públicamente con una compensación económica anual.

Esa contraprestación urbanística tampoco está contemplada en el nuevo PTI y el Consell –quien transfiere los fondos al Ayuntamiento para compensar a la propiedad– ha decidido no continuar pagando. Ahora las posturas entre el Consell y los propietarios están alejadas. La consellera de Movilidad, Francesca Gomis, explica que encargaron una tasación independiente de los terrenos, tasados en alrededor de 80.000 euros, pero que la propiedad pone un precio de 600.000 euros. Los dueños ven «irrisoria» la oferta y la institución considera «desorbitada» la contrapropuesta, por lo que «no nos dejan más remedio que la expropiación».

Gomis asegura que las dos otras opciones que presenta la propiedad, más allá de seguir con el convenio, son un acuerdo para explotar a medias el aparcamiento, es decir, que sea de pago. O bien un contrato de alquiler de larga duración, diez años. La administración considera ambas inaceptables y solo está dispuesta a ofrecer hasta que se cierre la expropiación un contrato de alquiler de dos años prorrogables dos años más. Los propietarios han presentado alegaciones al nuevo PTI con la intención de que refleje una solución al problema, aseguran que existe consenso con el Ayuntamiento de Ferreries para mantener el convenio y denuncian que ha sido el Consell el que ha roto la baraja.