De nuevo surge la tensión entre el PSOE y el PP en Es Migjorn Gran por cuestiones de carácter urbanístico. | Redacción 20M

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El Partido Popular de Es Migjorn Gran acusa al PSOE de estar «jugando sucio» con el expediente por el cual el Consorcio para la Protección de la Legalidad en Suelo Rústico obliga a la alcaldesa Antonia Camps a demoler una barbacoa construida de forma ilegal y le impone una sanción de algo más de 2.000 euros. Acusa directamente a los dirigentes socialistas de filtrar la información a los medios, en concreto a «concejales en la oposición en Es Migjorn, colocados en el Consell». Los populares exponen que esto no es casual.

Al PP le llama la atención que se haya reabierto «intencionadamente un expediente cerrado» por una construcción de hace más de veinte años, y que esto se produzca precisamente cuando se está tramitando la salida del Ayuntamiento de Es Migjorn Gran del Consorcio. Se pregunta si esto sucede con otros expedientes de particulares sin vinculación con la política. Consideran los populares que estas maniobras «junto con las filtraciones interesadas lo único que hacen es sembrar duda sobre el funcionamiento de este organismo y comprometer su futuro», ya que sobre él pueden pensar que unos expedientes salen a la luz «dependiendo del color del carné político», afirman. Recuerda el PP que este modo de proceder vulnera derechos y leyes.

Es más, añaden que «durante estos días muchos ciudadanos que tengan algún expediente abierto se preguntarán cómo es posible que el Consorcio haya enviado información personal de un ciudadano a cargos del PSOE ajenos» a este organismo. El PP pedirá explicaciones formales sobre lo sucedido.

Desde el PP defienden que el equipo de gobierno municipal está volcado en la mejora del pueblo «con innumerables iniciativas», ante lo cual el PSOE «busca cualquier pretexto para atacar a su alcaldesa».

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El PSOE de Es Migjorn Gran pide a la alcaldesa Antonia Camps que «explique claramente» cuál es el estado legal de todas las construcciones del municipio que están a su nombre, una vez conocidas las distintas denuncias por ilegalidades que se han destapado en los últimos años, y ante la desconfianza que generan informaciones como la divulgada esta semana sobre una barbacoa a demoler. Es más, los socialistas destacan que Camps continuó construyendo en suelo rústico protegido sin licencia después de haber pagado una primera multa de 70.000 euros en 2008, edificaciones todas ellas que «siguen siendo ilegales».

Ante estos hechos, el PSOE insiste en que la única motivación del equipo de gobierno a la hora de salir del Consorcio responde a «los intereses personales de Camps y de su pareja, el actual concejal de Urbanismo, Ramón Verdú». Considera «muy importante» que este organismo se haya asegurado con su resolución de que la alcaldesa no podrá «utilizar el Ayuntamiento para su beneficio propio intentando legalizar sus construcciones».

El PSOE exige además a Camps que «no utilice el personal contratado por el Ayuntamiento para sus asuntos particulares», como es el caso del arquitecto y el abogado municipales. Recuerda también que en campaña la alcaldesa dijo que lo tenía todo en orden en el Consorcio, por lo que «si no demuestra lo contrario, mintió».