Los socorristas de los últimos años protestaron en la playa de Sa Mesquida este pasado domingo | S.M.

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La decisión del Ayuntamiento de Maó de volver a externalizar el servicio de vigilancia y socorrismo de Es Grau y Sa Mesquida ha afectado a los seis trabajadores a los que tenía contratados mientras asumió directamente la gestión los últimos tres años.

La imposibilidad de hacerles el contrato fijo que les hubiera correspondido ha motivado la externalización del servicio mediante el concurso de licitación que aún no está resuelto. Una impugnación de una de las empresas que concurrió motiva que las playas de Maó hayan iniciado oficialmente la temporada el sábado sin socorristas hasta que resuelva el tribunal de contratación estatal

Los seis afectados quisieron hacer visible su protesta el domingo en Sa Mesquida, de 11 a 18 horas, ejerciendo su cometido en la playa por iniciativa propia, aunque sin el material adquirido por el Ayuntamiento, y exhibiendo pancartas para reclamar la estabilidad laboral que han perdido. «Los usuarios no tienen la culpa, por eso hemos venido a prestar el servicio», explica uno de ellos, Onofre Obrador.

De los seis afectados, dos han sido contratados por la Creu Roja, que es la que obtuvo mayor puntuación, mientras que los otros cuatro han tenido que buscarse otra ocupación, explican.

«El Ayuntamiento nos dejó en la calle, dijo que no podía contratarnos como fijos», lamenta Obrador, «cuando hace tres años defendió que asumía el servicio para asegurar sueldos dignos para los socorristas», y acabar con su precariedad laboral.

Desde que fueron informados en enero, ambas partes han mantenido reuniones, «e incluso nos planteamos convertirnos en una cooperativa pero no tuvimos tiempo ni preparación administrativa para hacerlo», señala el socorrista. Es lamentable, argumenta, que la inversión realizada «y el buen funcionamiento que teníamos ya el año pasado, ahora no haya servido».

Conxa Juanola, tenienta de alcaldía de Medio Ambiente, comprende a los socorristas afectados, «estamos de acuerdo pero se trata de una imposibilidad legal, ojalá hubiésemos podido mantener la gestión, y ellos lo saben».