El juez no ve indicios de delito en el caso del matadero de Ciutadella

El PP explica que la causa la abre el fiscal al apreciar irregularidades, que cuantifica en 159.736 euros el dinero pagado en exceso por el Ayuntamiento. El juez, no obstante, explica en su resolución que la vía penal no es la adecuada y que no observa prevaricación en la actuación de los responsables municipales.

Las diligencias se hallaban en las fases previas, por lo que ha sorprendido la decisión judicial. Además del recurso anunciado por el PP, que se había personado en la causa, también puede recurrir la Fiscalía e incluso el Ayuntamiento, personado asimismo en calidad de perjudicado, si entendiere que el archivo no es el mejor camino para cerrar un problema que tiene más de estructural que coyuntural.

Desde 2008

Sandra Moll, concejala responsable de la gestión del matadero durante los últimos seis años, considera que lo más destacado del escrito judicial ordenando el archivo provisional es precisamente la alusión a las irregularidades que la gestión del matadero arrastra desde 2008.

En esa fecha se firmó el nuevo contrato y desde entonces se han producido irregularidades. Supone, por tanto, una responsabildiad compartida por parte de los equipos de gobierno que se han sucedido desde la citada fecha, lo que incluye al PP, al PSOE y al PSM-Més per Menorca, que gobierna desde 2015 con socialistas y con Gent per Ciutadella.

«Ningún equipo de gobierno se había centrado hasta ahora en una buena gestión del matadero , nadie se había hecho cargo realmente de lo que pasaba», asume Moll, quien no esconde los malos ratos pasados como consecuencia del problema.

Considera que ahora por fin se ha resuelto con la firma meses atrás del nuevo contrato después de un proceso «que tampoco resultó fácil», subraya. «Ahora hay supervisión y un técnico encargado del seguimiento del contrato» y considera que era una situación heredada que por fin ha podido ser debidamente encauzada.

Aunque el archivo de la causa es provisional y será recurrido, la primera decisión judicial le aporta tranquilidad, que ratifica con su propia impresión personal, «siempre he tenido claro que no había delito sino una gestión incorrecta que viene de largo, como se indica en el escrito judicial», apunta.