La permuta de un palacio ruinoso por una joya urbanística en primera línea es el origen de este caso judicial de corrupción

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El Ayuntamiento de Ciutadella, personado en el caso Nerer como perjudicado, presentará recurso de apelación al reciente auto de la juez Belén Velázquez que decreta el sobreseimiento y archivo de las actuaciones de siete de las trece personas inicialmente investigadas. El abogado que defiende los intereses municipales, Francesc Marquès, planteará en el mismo que continúe la imputación sobre estas siete personas.

Esa petición forma parte de su estrategia principal, que es el resarcimiento del perjuicio económico que las permutas inmobiliarias causaron a las arcas municipales. El daño no está cuantificado, pero podría rondar los dos millones de euros, si se recupera también para el caso la permuta de S’Hort d’en Llinyà, sobre la que la juez señala en el auto que no se aprecian elementos indiciarios suficientes de que hubiese en la misma delitos de prevaricación urbanística, cohecho, falsedad documental y fraude a la Administración.

Por otra parte, los dos últimos delitos citados ya no son imputados ni a Avel·lí Casasnovas ni a ninguno de los otros cinco que permanecen como investigados, por lo que la reclamación municipal pierde argumentos en su alegato.

El auto ofrece dos vías de recurso, el de reforma y el de apelación. El primero suele ser para ganar tiempo, «pero de tiempo estamos hartos», comenta Marquès ante la desesperante dilación que acumula el caso. Esa es una de la razones por las que opta por la apelación, al igual que Miguel Mercadal, abogado de los empresarios Fernando Orfila, José María Gelabert y los dos hermanos Cavaller Gener. Ello significa que será la Audiencia Provincial la que resuelva estos recursos.

Prescripción

Marquès admite las dudas de prescripción expresadas por otros letrados de la causa sobre algunos de los delitos, aunque no todos tienen    los mismos plazos. De momento, no se ha presentado ningún escrito solicitando el archivo por ese motivo. El de malversación de fondos dispone de un tiempo más largo para que pueda ser aplicada la prescripción.

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Este es precisamente el que lleva aparejada la responsabilidad civil de resarcimiento del daño patrimonial, que es el elemento sobre el que trabaja en representación del Ayuntamiento. De modo que si algún otro fuera archivado como consecuencia del tiempo transcurrido entre los hechos y la denuncia de los mismos, no desaparecerá este, clave para sus intereses. «Si algunos de los delitos han prescrito, las acusaciones quedarían en evidencia», admite.

En su opinión, una cosa es la lentitud de la Justicia y otra la complejidad de algunas diligencias a practicar y medidas cautelares solicitadas entre tanto como pemitir viajar por motivos de trabajo al exconcejal señalado como cerebro de la presunta trama. «Pero el tema no ha perdido importancia, el auto es una consecuencia de esa importancia. Son delitos graves por unos hechos únicos y conocidos, aunque la tramitación judicial sea la que es. Nuestra intención no es contribuir a la dilación sino a que dentro de dos o tres años haya señalamiento de juicio y sentencia», explica Marquès.

El cambio de juez supone una incógnita para el futuro del procedimiento, además de los diez tomos y dos mil folios del expediente, hay cajas enteras de anexos con documentación que probablemente no han vuelto a ser abiertas.   

Denuncia contundente

Marquès considera claro que hay delito y que el Ayuntamiento ha de perseguir la legalidad y la defensa del patrimonio municipal, razones en las que argumenta la personación en la causa. Y, aunque no lo dice, cubre de ese modo el discutible papel que está ejerciendo la Fiscalía. «Una denuncia tan contundente y fundamentada ha de continuar», agrega, aunque entre las opciones de solución final no descarta un acuerdo de conformidad.

Sobre el papel del Ayuntamiento recuerda que se personó como perjudicado por acuerdo unánime en 2011 de todos los grupos municipales.