Miquel A. Maria y Bel Busquets, conseller y consellera de Cultura de Menorca y de Mallorca, con el senador Vicenç Vidal, que trasladará las propuuestas de Més a Madrid. | Més per Menorca

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Més per Menorca y Més per Mallorca no comparten el proyecto para reformar la Ley de Patrimonio Histórico, cuya redacción se remonta a 1985 y que el ministro Miquel Iceta pretende reformar. El motivo de la oposición de los nacionalistas es que entienden que el objetivo es recentralizar competencias, que ahora están transferidas y restar capacidad a los consells para la gestión del patrimonio histórico y para reglamentar sobre el mismo.

Los consellers Miquel Àngel Maria, de Menorca, y Bel Busquets, de Mallorca, junto el senedor Vicenç Vidal, mostraron ayer su posición crítica al proyecto de ley, ante el Museu de Menorca, del que es titular el Ministerio de Cultura pero cuya gestión depende del Consell de Menorca.

Piden la retirada del proyecto de reforma legislativa y que se ponga en marcha un proceso para redactar una nueva ley, que cuente con las comunidades autónomas.

Més reclama que la nueva redacción no se limite a cambios puntuales de algunos artículos, sino que sea una legislación integral que incluya el patrimonio histórico material e inmaterial, incorporando legislaciones como la de 2015 relativa al patrimonio inmaterial.

Vicenç Vidal considera que «esta propuesta de ley es invasiva para los países del Estado que tienen competencias desarrolladas». Ha anunciado que presentará una moción en el Senado basada en las reivindicaciones de los consellers de Cultura y para pedir «al ministro Iceta que paralice este despropósito».

«El camino ha de ser inverso»

Maria y Busquets consideran que «el camino ha de ser inverso» al que ha puesto en marcha el Ministerio de Cultura. «La ley estatal -argumentan- ha de ser de principios generales, dejando que sean las leyes autonómicas las que concreten el tratamiento del patrimonio en cada territorio y, por descontado, que no entren en disposiciones de carácter reglamentario que corresponden a las autonomías y a los consells insulares». De hecho, en sus alegaciones reclaman que la ley cite explícitamente a los consells.

Quieren que se regule «la visita pública a los BIC» y «armonizarla con la solvencia de los BIC privados, que representan una actividad económica interesante».