Imagen de archivo de Cala Llonga.

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El GOB ha presentado tres recursos contra las licencias de construcción de tres viviendas de nueva planta en Cala Llonga, urbanización que no dispone de red de alcantarillado.

La agrupación ecologista alega que al no haber sistema de alcantarillado el Ayuntamiento de Maó no puede autoritzar la construcción de nuevas viviendas, como prevé la Ley de Urbanismo de 2017, destacando que incrementar el número de casas en zonas sin red de saneamiento “aumenta de forma importante el peligro de contaminación por nitrats del acuífero”.

El GOB discrepa de la interpretación que ha hecho el Ayuntamiento de Maó sobre la citada ley, que en su disposición cuarta permitía a los consistorios poder seguir dando licencias durante dos años a partir de cuando se adjudiquen las obras de alcantarillado, que en el caso de Maó se adjudicaron en diciembre de 2019, por lo que estaría en plazo.

Sin embargo, los ecologistes alegan que las obras adjudicadas y ejecutadas por el Ajuntamiento consistent en la red de tuberías, pero que estas no están conectadas a ningún sistema de depuración, “ni se espera que lo esté a corto plazo”. De hecho, recuerdan que estos días está en exposición pública el proyecto de alcantarillado en un tramo comprendido entre Cala Llonga y el cruce de la carretera de Sa Mesquida y se habla de una depuradora “que está por definir”, lo que evidencia para el GOB la falta de un sistema real de saneamiento.

En este sentido, la asociación ecologista apunta que la Ley de Urbanismo es clara y detalla que solo se podrán dar licencias “si se adjudican las obras de la red de saneamiento y conexión al sistema general de depuración”, algo que no sucede en Cala Llonga, porque “si no hay depuradora, el problema de las aguas residuales no tienen salida y no se cumplen los requisitos” de la disposición cuarta de la Ley de Urbanismo de 2017.

El GOB destaca que estas tres viviendas cuentan con piscina y están situadas en una zona donde el alquiler turístico está permitido, por lo que “no es recomendable añadir casas de uso intensivo en zonas donde no se sabe qué hacer con las aguas residuales. Asimismo además de presentar recursos contra las licencias de estas tres casas de nueva planta también ha pedido que se revisen las licencias concedidas en septiembre y octubre.