En Menorca hay 180 fincas prioritarias y 393 generales.   

1

El 29 por ciento de las explotaciones agrarias de Menorca tienen la calificación de prioritarias, lo que les permite recibir mayores subvenciones que las catalogadas como generales.

Se trata de 180 de las 611 existentes en la Isla, según la relación actualizada de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, las que responden a los criterios que definen esta catalogación, regulados por la ley estatal 19/95 de Modernización de explotaciones. Un 64 por ciento son consideradas generales (393) mientras que el resto se reparten entre explotaciones de ocio o autoconsumo (26)y preferentes (12).

Cada tres años los propietarios han de confirmar o modificar los datos sobre su explotación que constan en el registro insular, junto a la documentación acreditativa, que no será necesaria si existe el consentimiento de la persona interesada. En función de ellos se decide si continúa con la misma calificación o se modifica.

Estos posibles cambios fueron objeto de controversia el martes en el Parlament, cuando la diputada menorquina del PP, Asunción Pons, acusó a la consellera Mae de la Concha, de haber dado instrucciones políticas a los técnicos para denegar la consideración de prioritaria a una determinada finca. De la Concha retó a la diputada a que acudiera al juzgado si era capaz de demostrar su acusación.

La calificación de explotación prioritaria concede a las fincas una puntuación más relevante en los criterios de selección para las ayudas del Programa de Desarrollo Rural (PDR). La subvención es superior en un 40 por ciento a la que reciben las generales, en cuanto a la incorporación de jóvenes agricultores e inversiones en las explotaciones para renovar maquinaria que pueden llegar al 50 por ciento.

Los requisitos principales para la catalogación de prioritarias pasan por que la finca tenga al menos una Unidad de Trabajo Agrario (UTA), la renta unitaria esté entre el 35 y el 120 % de la de referencia, que en 2021 es de 30.622 euros, y ser agricultor profesional con más del 50 % de su renta en origen agrario. Para las personas jurídicas propietarias de la finca se pide, además, que la mitad de los socios sean agricultores profesionales.

Es en las rentas unitarias, si exceden la de referencia, donde puede existir la controversia, explicó ayer Carlos de Salort, propietario y directivo de Fagme, quien aseguró tener conocimiento de varias explotaciones de Menorca a las que les ha sido denegada la catalogación de prioritarias. «Nos han empezado a llegar comunicaciones al respecto sin que lo entendamos porque los requisitos son los mismos». Desde la Conselleria han indicado que las posibles denegaciones solo responden a los cambios que se hayan producido en las fincas.