La plusvalía es un impuesto que se aplica en las transmisiones de propiedades, por lo que los ingresos son variables de un año a otro

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Un problema de notable envergadura, con mucha incertidumbre todavía y en el peor momento. La anulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalía, por parte del Tribunal Constitucional deja, de entrada, a los ayuntamientos de la Isla sin una importante vía de financiación que se deriva de las transacciones inmobiliarias. Y lo hace cuando los consistorios trabajan ya de lleno en los presupuestos de 2022, para los que ya se plantean recortes en los gastos sobre lo inicialmente previsto, salvo que el redactado de la sentencia o una medida urgente del Gobierno  establezca algún remedio, que este miércoles se anunciaba sin concretar.

Los presupuestos de 2021 de los ocho ayuntamientos de la Isla contemplan unos ingresos totales por las plusvalías de unos 6,4 millones de euros, que serán menos porque la aplicación de la sentencia y, por tanto la anulación del impuesto, está al caer. Esto supone un 4,9 por ciento del total de los ingresos contemplados para este año, pese a que se suele realizar una previsión comedida. La liquidación final es variable, en función de la actividad del mercado inmobiliario de cada municipio, con casos extremos como el Ayuntamiento de Es Migjorn Gran, que este año lleva 481.000 euros ingresados cuando lo habitual son unos 100.000.El motivo es la venta de un hotel. El cobro de la plusvalía no se recuperará hasta que el Gobierno no modifique la ley para que se calcule de una forma adecuada. Esto puede tardar meses, si se hace con rango de ley.

Varios de los alcaldes y concejales consultados ayer apelaban a la prudencia hasta conocer el detalle de la sentencia, pero entre los equipos económicos de los consistorios existe una importante preocupación sobre la complejidad para cuadrar las próximas cuentas. «Hay que ser cautos, tenemos que mirar qué dice exactamente la sentencia, cuáles son sus efectos», explica María José Camps, la teniente de Alcaldía de Servicios Generales del Ayuntamiento de Maó, el que más cantidad presupuestada tiene en concepto de plusvalía, 2.780.000 euros en 2021, un 6,5 por ciento de sus ingresos. Camps reconoce la incertidumbre en plena confección de cuentas de 2022, porque «si se confirma que no los tendremos, habrá que cuadrar los gastos».

«Es un gran problema para nosotros, nos funden los recursos. Nos machacan porque nos puede acarrear muchos problemas». Lo afirma Cristóbal Marqués, responsable de Hacienda del Consistorio de Alaior, el que tiene los presupuestos de 2022 más avanzados de la Isla, ya confeccionados y a punto de aprobar. Ahora, con la anulación de la plusvalía, todo puede cambiar. «Desde Intervención, cuando tenga la sentencia, realizarán un informe al respecto y puede concluir que todo lo previsto no vale, nos hace un traje. Es un golpe muy duro para los ayuntamientos».