Un particular acusa al Ayuntamiento de Ciutadella de filtrar un expediente propio

El documento ha sido incorporado por una empresa constructora, en la demanda civil que esta ha planteado en su contra reclamándole una supuesta deuda derivada de los trabajos que le hizo en su propiedad a finales de 2017. El hombre denuncia que la parte demandante ha obtenido el expediente en el que se le denegaba la licencia con la complicidad de quienes se lo hayan facilitado en el Ayuntamiento. El documento ahora puede jugar en su contra para la resolución del litigio. Félix Pi se enteró de que sus demandantes disponían del expediente, ante su sorpresa, cuando fue informado por el Juzgado en la instrucción del caso.

Por este motivo el afectado, personalmente y a través de un abogado, se ha dirigido tanto a la alcaldesa, Joana Gomila, como a la secretaria del Ayuntamiento por escrito reiteradamente para pedir explicaciones sobre la filtración y que se abra un expediente para esclarecer por qué, cuándo y cómo se le entregó a la constructora con la que mantiene el litigio que ahora está en fase de apelación tras haber sido desestimado en primera instancia.

Félix Pi acredita que solo funcionarios y regidores de la junta de gobierno municipal pueden tener acceso al expediente, por lo que ha pedido a la primera edil que esclarezca lo sucedido.

Joana Gomila le respondió a finales de agosto que ni la constructora aludida ni cualquier otra persona física o jurídica han solicitado acceso a este expediente. La alcaldesa añadía que todas las actas y órdenes del día son públicas, por lo que el acuerdo al que se refiere también lo es. Gomila reiteró el jueves a este diario que el Ayuntamiento no tiene más que añadir a la contestación que le fue dada al requiriente. Sin embargo el afectado y su abogado sostienen que, efectivamente, el acuerdo tiene carácter público pero no así el contenido del expediente.

«Constituye una vulneración de mis derechos», indica Félix Pi, con el agravante de que la constructora que ha tenido acceso al expediente «no tiene la condición de interesada en el procedimiento y que a mí no se me haya comunicado». Considera que se trata de un caso grave al insinuar que «la complicidad y/o negligencia de los funcionarios responsables de la tramitación con los responsables de la constructora son plenamente evidentes».