Imagen del inicio del curso académico este año en un colegio de Maó. | Gemma Andreu

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La Junta de Personal Docente no Universitario de Menorca considera que en las condiciones actuales no se puede hablar de «normalidad», ya que estamos en un curso «una vez más marcado por la pandemia», recuerdan. Así se recoge, en una de las resoluciones aprobadas durante la sesión plenaria celebrada la pasada semana.

El en el documento expresan su «desacuerdo» sobre la vuelta a los ratios anteriores a la pandemia, una decisión que consideran «completamente desafortunada». En ese sentido, defienden que se deberían haber mantenido las del año pasado, en torno a los 20 alumnos por aula, ya que se ha demostrado «con creces» su buen funcionamiento, tanto desde el punto de vista pedagógico como el sanitario. «Ha quedado claro que la escuela ha sido un lugar seguro, a pesar de los efectos de la pandemia», apuntan.

En lo que se refieren a las ratios actuales, explican desde la Junta de Personal no Universitari de Menorca que resulta «casi imposible respetar las medidas de seguridad, como la distancia mínima entre los estudiantes». Por otra parte denuncian que no se ha dotado a los centros con más recursos para conseguir las condiciones adecuadas de cara a una buena prevención.

Tras la exposición de esos argumentos, exigen «la reducción de ratios de forma permanente y no solo temporal por criterios sanitarios».Ello con el objetivo de lograr «una educación de calidad, atención a la diversidad, basada en criterios pedagógicos y no en base a criterios de ahorro económico».

Sueldos y personal

En otro orden de asuntos, denuncian también que    mientras la presidenta Armengol «recomienda subir los sueldos a todos los trabajadores, no hace lo mismo con los empleados públicos, como es el caso del profesorado de enseñanza pública».

Ante la negociación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año, recuerdan desde la Junta que una de las deficiencias del actual curso es «la falta de profesorado de apoyo», así como también de profesionales orientados a la atención de la diversidad. Personal, sostienen, que es el garante de la educación inclusiva que «pregonan» las leyes educativas.