El director general d'Habitage del Govern, Eduardo Robsy

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De los 23 pisos vacíos de grandes tenedores que el Govern preveía expropiar en Menorca de forma temporal, previa compensación económica, al final han concluido el expediente ocho, de los cuales siete están en Ciutadella y uno en Maó. El resto no cumplían las condiciones o bien finalmente los propietarios los han puesto al mercado.

Menorca es la isla donde el Govern ha expropiado más pisos vacíos a grandes propietarios, ya que en Mallorca solo se ha hecho con tres y en Eivissa, con cinco. En total de Balears en el inicio del expediente se tramitó la expropiación de 56 viviendas, de las cuales se han expropiado 16, que pasan al parque público del Ibavi para alquiler social. A estas 16 viviendas expropiadas de forma temporal, por siete años, hay que añadir otros seis pisos incorporados en el expediente inicial y que han sido adquiridas por Govern por tanteo y retracto.

El director general d'Habitage del Govern, Eduardo Robsy, ha indicado que el proceso se ha hecho en un tiempo récord pese a que «los mejores abogados de España» pleiteaban contra el Govern. Robsy ha destacado, además, la falta de colaboración de los propietarios, que han sido abiertamente hostiles a la medida, lo que les ha acarreado multas por un valor total de 50.000 euros.

«Los grandes tenedores han entendido que no pueden tener pisos vacíos desocupados y se está notando una reactivación de la actividad» ha señalado Robsy. «El derecho a la propiedad no es absoluto y debe cumplirse la función social de la vivienda que marca la Constitución, que está por encima de toda consideración», ha añadido.

El director general ha asegurado que el Govern se da por satisfecho con el hecho de que todo el proceso haya culminado en apenas nueve meses. «La medida ha hecho que los grandes tenedores saquen al mercado las viviendas vacías. »Nos damos por satisfechos porque se ha conseguido en un tiempo de 9 meses para unos expedientes muy complejos y con los mejores abogados de España luchando a la contra», ha añadido. Hasta el momento, todas las decisiones judiciales han sido favorables al Govern y los propietarios presentaron pleitos en las 16 expropiaciones.

El Govern pagará 371.000 euros a los grandes tenedores por la expropiación del uso de sus viviendas por un periodo de 7 años, lo que supone un pago de 276 euros mensuales. Además, cobrará a los bancos los 160.000 euros que gastará en la rehabilitación de los pisos. El inquilino pagará un alquiler social con un máximo de un 30 % de su poder adquisitivo.

«Hemos demostrado la viabilidad de la norma y tenemos recursos técnicos y presupuestarios para continuar con ella», ha señalado Robsy. El Govern aún dispone de una partida de 1,5 millones de presupuesto para continuar con las expropiaciones.