La delegación de Hacienda en el puerto de Maó. | Gemma Andreu

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La rebaja del umbral mínimo de deuda fijado por la Agencia Tributaria a la hora de divulgar su lista pública de morosos, que pasa del millón de euros habitual a 600.000, así como la inclusión de los responsables solidarios, han incrementado de forma considerable el número de integrantes de esta relación de empresas y particulares. En el caso de Menorca, con los nuevos criterios se produce un aumento importante en la relación de deudores insulares a 31 de agosto de 2021, que pasan de los tres de las últimas listas a aproximadamente una docena.

El sector de la construcción es protagonista en la lista, tanto a nivel estatal como insular. Continua con la misma deuda la empresa Edificaciones y Obras Lozano SL, a la que la Agencia Tributaria reclama 1.014.814 euros. Con el nuevo umbral de deuda aparecen por primera vez en la relación de morosos Tolo Pons SL, con 696.631 euros, y la sociedad Industrial Menorquina de Prefabricados SL, con 643.261 euros.

Empresas de otros sectores que aparecen en la lista son Ti San Ciutadella SL, ya en liquidación, por un importe de 781.596 euros, y Juan Valera SA, con 842.604 euros, una bisutera que cerró hace una decena de años tras ser adquirida por un empresario catalán en un proceso algo controvertido.

En cuanto a las sociedades, permanece también desde hace mucho tiempo en la lista de morosos de la Agencia Tributaria el Menorca Bàsquet SA, con un importe pendiente de pago de 1.673.106 euros, ni un euro más ni un euro menos que en las últimas relaciones publicadas donde ya aparecía. Parc d’Oci Menorca, gestora del Ocimax, Isleña Marítima de Contenedores SA o el grupo Prasa son otras sociedades con cierta vinculación con la Isla que se mantienen entre los que tienen cuentas pendientes importantes con el fisco español.

La ampliación de los criterios de la lista ha provocado la aparición de más particulares morosos de quienes se conoce, o se intuye, una vinculación directa con Menorca. Uno de ellos lleva mucho tiempo en la relación. Se trata del abogado Salvador Timoner, que en su día fue actualidad por un proceso judicial en su contra y que mantiene intacta su deuda con el erario público de 2.156.396 euros. Hasta una media docena más de apellidos apuntan a profesionales de distintos ámbitos de la Isla, con pasivos que oscilan entre los 640.000 y los 960.000 euros, y que se estrenan en la lista. Entre ellos, destaca como el más conocido el empresario mahonés Luis Victory de Sintas, relevante por su labor a la hora reflotar empresas, como fue el caso de Cacaolat hace una decena de años. La Agencia Tributaria le reclama 918.134 euros.