Nuevo desencuentro, ahora por vía judicial, entre la emprea concesioaria del matadero y el Ayuntamiento. | Josep Bagur Gomila

El Ayuntamiento de Ciutadella abonará en los próximos días 62.229 euros a la empresa concesionaria del matadero municipal, Serveis d’Escorxador.El importe a satisfacer corresponde a facturas que, supuestamente, dejó de pagarle entre julio de 2020 y marzo de 2021 y por las que la cooperativa ha demandado al Consistorio ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma.

El equipo de gobierno, que preside Joana Gomila, de acuerdo con los servicios jurídicos, se ve obligado a satisfacer esta cantidad en cumplimiento del auto dictado por este Juzgado el pasado mes.El juez ha estimado la medida cautelar solicitada por la demandante para que el Ayuntamiento le pagara de inmediato la cantidad que le reclama en la demanda, independientemente del proceso que continúa su curso y concluirá en una sentencia condenatoria o exculpatoria.

Las facturas que originaron la demanda hacen referencia    a los gastos ocasionados en ese periodo por el traslado de los matarifes de la empresa concesionaria al matadero de Maó todos los lunes, y por los ingresos que dejaron de percibir en Ciutadella al no poder sacrificar a los cerdos y lechones en ese tiempo.

La avería en la caldera de la instalación de Ciutadella motivó que el personal de la concesionaria tuviera que desplazarse cada semana a Maó para el sacrificio de estos animales. Su abogado, José Luis Martín, precisa que «una buena parte de las facturas es por el traslado obligado a Maó, ya que no querían solucionar los problemas de las averías del matadero, y otra parte es por la diferencia del transporte, ya que si no lo desglosaban en facturas diferentes, no querían pagar nada».

Sandra Moll, regidora responsable del matadero de Ciutadella, explica a este diario que «no abonamos estas facturas porque no veíamos claro que tuviéramos que hacerlo». Ahora han decidido cumplir con la medida cautelar y abonar todo el importe, sin recurrir al auto, «porque el proceso sigue su curso y nos vamos a defender con los abogados que necesitemos, consideramos que no corresponde al Ayuntamiento pagarlas».

Los desencuentros entre el Consistorio y la cooperativa Serveis d’Escorxador han sido reiterados en los últimos años, entre otras causas, por el aumento unilateral de la facturación que hizo la cooperativa para afrontar los sobrecostes de varios trabajos, y por las quejas por el deficiente estado de la instalación hasta que se ha reparado.