Ciudadanos colombianos en el punto de votación que se habilitó hace una semana en el Consell para las elecciones congresuales de su país | Josep Bagur Gomila

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La llegada a Menorca durante los últimos años de muchas personas extranjeras, sobre todo procedentes de países como Colombia y Venezuela, que se acogen a una petición de asilo con pocas opciones de prosperar ha provocado un importante incremento de las peticiones de arraigo, única alternativa que estos ciudadanos encuentran para tratar de regularizar su situación. Esta circunstancia tiene su reflejo en la memoria del Servicio de Asesoramiento de Inmigración y Extranjería del Consell de 2021, que da cuenta de un aumento en las gestiones de este tipo.

Durante el año pasado, 646 de las 2.610 visitas atendidas por la oficina de inmigración y extranjería del Consell tuvieron como motivo un proceso de arraigo, una cifra que supera con creces las 492 de 2020 o las 457 de 2019, y eso a pesar de que el volumen total de servicios se ha visto resentido por la baja temporal de uno de los dos técnicos.

El arraigo es una vía para que los extranjeros que se encuentran en España en situación irregular puedan obtener, en determinadas circunstancias, un permiso de residencia temporal. Marcos Puig, técnico de esta oficina del Consell, comenta que una vez el migrante llega a la Isla sin un permiso de trabajo o sin un reagrupamiento la petición de asilo es una salida que le ofrece con celeridad una regularización provisional. No obstante, al denegarse, algo muy frecuente ya que los criterios son restrictivos, la persona pasa a una situación de irregularidad sobrevenida. Es entonces cuando, al carecer en la mayoría de los casos de otras opciones a corto o medio plazo, esta persona solicita el arraigo. También están los casos de personas que llegan a Menorca sin saber que, sin un permiso previo, no pueden ponerse a trabajar siendo irregulares y acuden a esta fórmula.

El arraigo más frecuente, comenta, es el social (existe además el familiar y el laboral), para el cual es necesario una permanencia en territorio europeo de tres años. Esto provoca que a menudo los demandantes, que no suelen llevar tanto tiempo en la Isla cuando ven denegado el asilo (tarda unos meses), se vean abocados a un periodo de tiempo en el que son irregulares, sin opción de acceder a un trabajo o a formación (excepto los menores).

«Están en una especie de limbo, sin posibilidad de tener ingresos»

Este limbo suele ser, al menos, de dos años. Las solicitudes de arraigo que llegan al servicio del Consell son solo las más complejas, puesto que los más sencillos se resuelven en la Delegación del Gobierno o los servicios sociales municipales.

Desde la oficina del Consell comentan que el incremento en los últimos años de estas peticiones de arraigo se debe a la llegada en cantidades muy significativas de ciudadanos procedentes de Colombia, una vez dejó de exigirse el visado para entrar en España.

Son personas que escapan de la carestía económica y de la grave inseguridad ciudadana de ese país. No en vano en los últimos años los colombianos son los que más acuden al servicio de asesoramiento del Consell. Entre los 376 nuevos expedientes abiertos en 2021, 82 corresponden a esta nacionalidad, seguidos de los marroquíes (45) y los españoles nacionalizados (45). En 2020 y 2019 el predominio de los colombianos fue incluso más acusado.

Los técnicos del Consell han detectado, además, un aumento de las demandas de regularización de menores (81), que duplican las registradas en 2019. Esta circunstancia se atribuye, también, a estas denegaciones de protección internacional a colombianos.

Trámites muy complicados

No ayuda a estos ciudadanos, indican los técnicos de la oficina, el hecho que los plazos establecidos por las distintas normativas para llevar a cabo los trámites «siguen sin estar adaptados a la nueva realidad administrativa», con menos citas presenciales y más trámites telemáticos. Esta dificultad de acceso a la administración pública se complica en el caso de los extranjeros que necesitan renovar sus permisos de residencia, además de otras gestiones como retirar dinero de su cuenta del banco. Los plazos de que disponen no se ajustan a los tiempos de espera ahora existentes y, en ocasiones, los extranjeros no disponen de la acreditación para acceder a un certificado digital, y por tanto a determinadas notificaciones. «Cada vez es más confuso todo», comenta Puig, «estas personas se ven inmersas en mucha incertidumbre, las cosas están muy complicadas para los extranjeros, con situaciones de desprotección».