El sector pesquero de Menorca ha seguido de forma desigual el paro convocado a nivel nacional | Josep Bagur Gomila

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El incremento del precio del gasóleo en las últimas semanas supone un coste añadido difícil de asumir para los profesionales de las barcas de arrastre de Menorca.

«Si antes eran unos 4.500 euros al mes, ahora son 9.000 o más», indica Xavier Marqués, de la Cofradía de Ciutadella.

Por su parte, Pito Quintana, presidente de la cofradía de Maó, precisa que, dependiendo del tipo de barca y de motor, el coste puede llegar a más del doble del anterior a la subida. «En algunos casos están pasando de pagar 1.000 a cerca de 2.500 euros al mes, es inasumible», apunta.

Reunión en Madrid

Este miércoles por la tarde representantes del sector pesquero a nivel nacional se reúnen con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para ver qué medidas tomar ante la escalada de precios, en el tercer día de amarres de la flota española, dentro del paro convocado por la Federación Nacional de Cofradías Pesqueras (FNCP) para protestar por los problemas de rentabilidad.

La reunión entre Planas y los representantes de los pescadores es el plazo que han fijado las cofradías para culminar el paro y decidir si se desconvoca o si siguen los buques anclados en los puertos españoles.

Los responsables de la FNCP y de la patronal de armadores Cepesca -organización que ha respaldado la protesta- asistirán al encuentro con el ministro, al que le pedirán medidas urgentes y concretas que compensen el encarecimiento de los carburantes, agravado tras la guerra de Ucrania.

El carburante representa en condiciones normales un 40 % o un 50 % de los gastos de explotación de las empresas armadoras pero tras la coyuntura provocada por la guerra las cofradías han asegurado que salir a faenar «cuesta dinero» al pescador.

El sector ha reivindicado, entre otras medidas, una bonificación del gasóleo profesional, como la que Francia ha acordado para su flota; la exención temporal de las cotizaciones a la Seguridad Social, el uso de las ayudas de minimis -exentas de notificación a Bruselas- o rebajas de las tarifas y tasas de los puertos que dependen de la Administración General del Estado.