Denuncian que se les impone «de manera reiterada» cambios de turno a los agentes con la alegación de necesidades del servicio. | Gemma Andreu

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UGT ha anunciado este viernes que ha presentado dos recursos contencioso-administrativos contra el Ayuntamiento de Maó a consecuencia de la «reiterada falta de voluntad» del equipo de gobierno, liderado por el socialista Héctor Pons, para «llegar a acuerdos con el personal del Consistorio».

La organización sindical ha explicado en un comunicado que ha recurrido ante la justicia la resolución de la teniente de alcalde de Servicios Generales, Maria José Camps, del pasado 19 de noviembre, en la que desestimó las alegaciones de la Junta de Personal sobre valoración de puestos de trabajo.

Los factores de la valoración de los puestos de trabajo con los que UGT está en desacuerdo afectan principalmente a la Policía Local, y causan un «agravio comparativo» en relación al resto del personal del Ayuntamiento.

Por su parte, el otro recurso contra el consistorio de Mahón se ha presentado por incumplir el acuerdo del sistema de trabajo de la Policía Local de 2016 e imponer «de manera reiterada» cambios de turno a los agentes con la alegación de necesidades del servicio. En realidad se hace para cubrir el déficit de personal que sufre la plantilla», han señalado desde el sindicado

En esta línea, han explicado que el pasado verano «se obligó a pasar, de un día para otro, de un turno de mañana a uno de noche sin retribución, ni otro tipo de compensación y, además, se restaban 12 horas del cómputo anual».

UGT ha declarado que estas actuaciones han provocado una pérdida retributiva para el personal de la Policía Local, además de un «perjuicio grave» en su derecho a conciliar vida laboral con personal.

En esta línea, ha pedido al Ayuntamiento que habilite los refuerzos de personal reflejados en el acuerdo del sistema de trabajo de la Policía Local para evitar los cambios de turno de «manera repentina».

El sindicato ha presentado al Consistorio una propuesta de acuerdo de Policía Local para subsanar todas las carencias regulativas existentes, y ha pedido al equipo de gobierno que pacte con los representantes de los trabajadores estas materias de «obligada negociación».