El tacógrafo sirve para la seguridad de camiones en grandes rutas pero no en el reparto en una Isla.

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El Ministerio de Transporte no está en contra de que los transportistas de mercancías y de servicio discrecional de viajeros de Menorca queden exentos de la obligación del tacógrafo, pero no va a plantear a Bruselas esta propuesta a corto plazo. El director general de Transporte, Jaime Moreno, en una reunión con representantes de los consells de Eivissa yMenorca, planteó la necesidad de que se sumen las islas Canarias menores. La idea es poder presentar una propuesta conjunta para todos los territorios insulares de un superficie inferior a los 2.300 kilómetros cuadrados, que es el límite que contempla la Unión Europea para eliminar la obligación del tacógrafo.

El director insular de Transporte, Damià Moll, participó el martes pasado en la reunión en Eivissa con el conseller Javier Torres y Jaime Moreno. Moll insiste en que la norma del tacógrafo no tiene sentido en Menorca, con una superficie de 702 kilómetros cuadrados, y unos trayectos de corta duración. La norma del tacógrafo, que se aplica desde 2010, limita el tiempo de conducción continuada a cuatro horas, un descanso de 45 minutos, y cuatro horas más al volante. En la Isla, el tiempo en ruta nunca llega a las cuatro horas y en el caso de reparto de paquetería se complica el trabajo del conductor que debería indicar en el tacógrafo cada vez que deja de conducir, porque de lo contrario se interpreta que sigue al volante.

Para que el frente común de los empresarios del sector y los consells de Eivissa y Menorca cuenten con el apoyo de Canarias el Ministerio considera que la primera iniciativa ha de surgir de los transportistas de estas islas.

Pese a que el Ministerio de Transportes comprende la reividicación, el apoyo del Gobierno a la supresión del tacógrafo en las Islas menores no está garantizado. El Ministerio de Trabajo sabe que los sindicatos no son partidarios porque se trata de una medida de protección de los trabajadores, aunque los datos de accidentes no la avalan.

Los empresarios de transporte de mercancías consideran que en el caso de Menorca es una medida «exclusivamente racaudatoria» por las multas que se imponen.