La mesa de debate en Can Saura, Ciutadella, tras el pase del documental «Overseas. Esclavas del siglo XXI».

TW
4

Este jueves 9 de junio es una fecha señalada para las trabajadoras del hogar y de los cuidados. El Congreso votará la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo    sobre las empleadas domésticas, que supone la equiparación de derechos laborales y de protección social con el resto de trabajadores, algo que actualmente la normativa española les niega según un fallo del Tribunal de Justicia Europeo.

«Ahora mismo existe una regulación laboral específica para las trabajadoras del hogar, el Real Decreto 1620 de 2011, pero no recoge los derechos que otros trabajadores tienen, como puede ser el desempleo, la negociación colectiva o la indemnización por despido, y contempla una figura que no existe en ningún otro colectivo, como es el desestimiento del empleador», explica la abogada especializada Rosa Jover Cerdà, invitada al cinefórum organizado este fin de semana por el área de Ocupación del Consell, que dirige la consellera Cristina Gómez.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales también excluye al sector del trabajo doméstico y los cuidados. Esa discriminación se da en la mejor de las situaciones, es decir, cuando las trabajadoras están dadas de alta en la Seguridad Social por las familias que las emplean, ya que es un sector en el que todavía abunda la economía sumergida y otra condición que las activistas participantes en esta jornada denominan «la esclavitud del siglo XXI», la de mujeres que están internas en las casas donde trabajan, «sumisas», «invisibilizadas», «sin respeto a las horas de descanso», ocupadas las 24 horas del día los siete días de la semana y rodeadas, aseguran, de un paternalismo dañino, «te dicen que eres como de la familia pero ni siquiera te dan de alta la jornada completa, se acaba convirtiendo en una especie de maltrato psicológico», apunta Lucía Sorrosa, ecuatoriana que lleva 22 años en Menorca y empezó trabajando en el cuidado de mayores.

Sorrosa pertenece a la asociación Atahualpa Menorca, que ahora trabaja en red con otros colectivos y movimientos que defienden los derechos de las empleadas domésticas en toda España. Dos de esas entidades, la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados (AIPHYC) y València Acull contaron con representantes en este foro, Marcela Bahamon y Malika Ouchitachen respectivamente, ambas con años de trabajo en el sector y experiencias vitales que expusieron durante el encuentro.

Las tres tienen en común que llegaron procedentes de otros países, con lo que el desconocimiento de derechos y el abuso, «me decían no salgas, que no tienes papeles y te pueden detener», relata Malika Ouchitachen, se acrecienta. El 96 por ciento de las trabajadoras y cuidadoras son mujeres (informe Oxfam Intermón) y de estas más del 50 por ciento son inmigradas, sustituyen ahora a otras mujeres españolas, recuerda la consellera Gómez, que años atrás «se fueron del campo a servir a las ciudades». «Es importante el reconocimiento también a todas esas mujeres autóctonas que pasaron por esto», afirma Marcela Bahamon, y que en muchos casos ni siquiera llegaron a cotizar para su jubilación.

Lea la noticia completa en la edición impresa del 06 de junio en Kiosko y Más