La movilización por El Caserío ha sido una de las más potentes en el mundo laboral menorquín. | Archivo

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Podían haber elegido el camino más fácil y corto pero decidieron luchar por sus puestos de trabajo y embarcarse en una travesía que dura hasta hoy y ha sido de todo menos tranquila. Quesería Menorquina tiene en la actualidad una plantilla de 160 trabajadores y poco más de cien han vivido estos últimos catorce años la lucha y la incertidumbre, «hubo muchos meses en los que teníamos que decidir entre comprar materia prima y fabricar o cobrar, y cuando cobrábamos lo hacíamos a plazos», recuerda Margot Sastre, delegada sindical de CCOO y actual presidenta del comité de empresa. El resto, son empleados incorporados en los últimos años «que también han sufrido porque entran cobrando un salario de adaptación inferior, que se equipara al sexto año», explica la sindicalista.

En 2008 el anuncio de la multinacional Kraft de que cerraría la fábrica de Maó fue un misil lanzado contra la economía menorquina. En ese momento, recuerda Sastre, los trabajadores podían haber percibido una indemnización e irse a casa «pero siempre primamos nuestro puesto de trabajo y el campo de Menorca, es donde vivimos». No era una cuestión de dinero, la multinacional disponía de recursos millonarios para indemnizar, pero la plantilla decidió movilizarse. De manera sostenida e insistente, con los lazos verdes, las camisetas, las pancartas, las concentraciones a las puertas de la fábrica y el apoyo de la sociedad y de las instituciones de las islas, que ellos bien recuerdan. «Nos enfrentamos tanto a Kraft como a Nueva Rumasa para que no cerrara», por eso, tras 14 años recorridos y una implicación fuera de toda duda, la delegada de CCOO lamenta que «nunca hemos sido reconocidos, porque cuando surge algún problema siempre intentan rebajarnos aún más los derechos». No cobraron la indemnización, que hubiera supuesto el cierre de Kraft; no dejaron de trabajar en los tiempos de Nueva Rumasa cuando no cobraban la nómina; aguantaron cobrándola a plazos tras convertirse en Sociedad Laboral, «tomamos la decisión de cobrarla después de comprar la materia prima», señala. Y en 2013 llegó un trago amargo, cuando finalizó el ERTE de dos años y hubo despidos, 43, para dar continuidad a la fábrica, «aunque gracias a la negociación logramos que 19 fueran, con un plan de rentas, como una prejubilación».

En 2013 la plantilla también se redujo el sueldo un 25 por ciento, lo que supone, subraya Sastre, que desde 2014 los trabajadores «hemos aportado un millón de euros al año de nuestro salario para salir del concurso de acreedores». Tras las inyecciones de capital recibidas por la empresa y la cancelación de la deuda concursal, la presidenta del comité –cuya finalidad, añade, «siempre fue encontrar un inversor industrial, sigo insistiendo en que es lo que necesitamos»–, confía en que la empresa se desarrolle y «ver la luz al final del túnel».

El apunte

Antoni Olives; «Hubo muchos meses en los que teníamos que decidir entre comprar materia prima o cobrar»

Antonio Olives, anterior presidente del comité de empresa, trabajó 43 años en El Caserío. En marzo llegó a la jubilación total, con 65 años cumplidos. Las renuncias salariales pasan factura a la hora de jubilarse, «lo puedo asegurar por experiencia propia, me jubilé parcialmente en 2018 y me calcularon lo que tenía que cobrar, ahora en marzo me lo han recalculado y en esos tres años, debido a la rebaja del 25 % dejaré de cobrar 170 euros mensuales», explica.