Marta Puxan Oliva es doctora en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona e investigadora contratada Ramón y Cajal en la UIB

Demostrar que el mar es un espacio conflictivo que genera muchas contradicciones en el ámbito reglamentario es uno de los objetivos que la doctora en Humanidades Marta Puxan Oliva persigue en un proyecto que lidera en la Universitat de les Illes Balears (UIB) y que acaba de recibir una ayuda Consolidator Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC), dotada con dos millones de euros por un periodo de investigación de cinco años.

Se trata de la primera vez que un proyecto realizado en la UIB y en el conjunto del archipiélago balear percibe este tipo de ayuda, que el ERC concede a los mejores investigadores para que realicen sus estudios y contribuyan, junto con sus equipos, a la excelencia científica. «Esta beca no financia proyectos destinados a una aplicación inmediata, sino que financia proyectos de ampliación y conocimiento que se hacen a partir de una metodología o perspectiva muy nueva y, por tanto, arriesgada», detalla Puxan.

Su investigación, que se centra en el análisis de las narrativas de delitos oceánicos, implica un estudio interdisciplinario que incluye la literatura, el cine, el derecho y la ciencia. «Investigaré un corpus de textos producidos en estas disciplinas y publicados a partir de 1982, cuando se adoptó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar», apunta Puxan. Para hacerlo, pondrá el foco sobre los daños causados por la explotación de recursos marinos y se focalizará en temas como los derrames tóxicos, los plásticos y la aceleración del cambio climático en el mar.

En este sentido, abordará la criminalidad en el medio marino con la ayuda de tres postdoctorados: un experto en criminología verde y derecho internacional público, un geógrafo especializado en política ecológica y una oceanógrafa. «El objetivo es comprender, de manera total, las narrativas en torno a la criminalidad ambiental en el mar para demostrar que este es un espacio conflictivo y muy contradictorio en el que chocan la gestión nacional e internacional», explica Puxan. Asimismo, añade que «es importante demostrar cómo esta realidad tiene consecuencias en relación con los derechos humanos y cómo el mar también es un espacio en el que es muy difícil determinar qué es un delito y qué no». A este respecto, se refiere a que «mientras la captura ilegal de marisco es un delito que muchas veces implica trabajo esclavo, la pesca de arrastre se permite a pesar de que causa un daño ambiental extraordinariamente grande».

Puxan considera que «detrás de la gestión del medio marino hay ideologías y discursos» y, por este motivo, busca entender mejor la narrativa hegemónico internacional que se configura sobre la criminalidad medioambiental en el mar, así como revisar la noción misma de criminalidad para ver cómo el discurso global puede condicionar el futuro de los océanos. «En consecuencia, la relevancia social de este proyecto es que permitirá conocer el problema desde diferentes perspectivas que configuran las ideas sobre lo que ocurre en el mar y proporcionará conocimiento sobre los daños ambientals y sobre cómo hay que actuar frente a ellos», asegura Puxan.