Luis Pablo Casals, Rosa Ana Morillo, Azucena Jiménez y Iago Negueruela este viernes tras la reunión | IB3

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El conseller balear de Modelo Económico, Iago Negueruela, ha recogido la petición planteada por Ashome de estudiar una compensación que equilibre los costes del turismo del Imserso. Se contemplará en todo caso en los presupuestos de 2023 y se descarta para los tres meses de 2022, según confirmó este viernes tras la reunión mantenida en Maó con los directivos de la patronal.   

«Nos hemos comprometido a estudiar qué medidas de apoyo puede haber y, sobre todo, a trasladar al Ministerio la preocupación por los pliegos del contrato, lo licita el Estado y sorprendería complementar esos contratos por las comunidades autónomas porque parecería que estamos enmendando un contrato porque tiene deficiencias», explica Negueruela.

Desde el punto de vista balear, «debería tenerse en cuenta factores clave en nuestras islas como son los salarios del convenio de hostelería, muy superiores a otros de ámbito provincial. Ha de haber una correción para que se tenga en cuenta ese factor. De hecho, en sus orígenes [el turismo social] se planteó también para prolongar la temporada y que los trabajadores estén ocupados», añade.

El conseller entiende que es un contrasentido que precisamente en zonas donde el programa del Imserso es clave para desestacionalizar y que tiene mejores condiciones laborales «resulte que tener mejores salarios constituya una penalización», argumenta.

Ecotasa y circularidad

La reunión fue planteada por Ashome para plantear, entre otros temas, que no se aumente el impuesto de turismo sostenible como han pedido algunas fuerzas en Mallorca y que el convenio colectivo que empieza a negociarse quede resuelto antes del comienzo de la próxima temporada para que discurra en un clima de paz social. Sobre las posiciones en la negociación «hay que partir de que la temporada ha sido buena, pero no extraordinariamente buena y veníamos de una situación bastante delicada», señala Casals.

La patronal recibió asimismo el compromiso de ayuda institucional para la adaptación en materia de calderas y camas que impone la ley turística, que serán de entre un 20 un 50 por ciento.