Vista de la urbanización del Arenal d'en Castell en Es Mercadal. | Gemma Andreu

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La patronal de viviendas vacacionales Viturme sigue esperando respuesta dos años después al escrito de alegaciones que presentó al nuevo PTI. Las discutió con la presidenta del Consell y redactores del planeamniento con la promesa de análisis e incorporación de algunas cuestiones.

Los empresarios se muestran sorprendidos por la falta de transparencia y por el contenido publicado hasta ahora, donde se muestra que el Consell «vuelve a dejar de lado a los sectores económicos en materias de relevancia que les afectan y pueden marcar el futuro de muchas empresas y de una parte importante de la sociedad», dice la asociación integrada en PIME.

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Critica la actitud de la adminstración insular porque «el falso consenso al que ha apelado durante toda la tramitación para que los diversos sectores económicos realizaran aportaciones está suponiendo el rechazo a la participación de los diversos colectivos económicos», argumenta Viturme.

Recuerda algunas de sus demandas, que han sido obviadas, como «la ampliación de la zonificación a otras zonas de afluencia turística sin esta calificación o posibilitar la inscripción de viviendas en suelo rústico manteniendo la actividad agrícola o eliminar la limitación de inscripción a las viviendas con antigüedad menor a los cinco años».

En otro de sus argumentos, defiende que se trata de una oferta de alojamiento de calidad y que la calificación turística de viviendas de uso residencial no supone un incremento constructivo ni consume territorio, sino que supone un cambio de uso, que en muchos casos no implica el uso turístico indefinido al alternarse el uso residencial y el turístico en la misma edificación.