El torrente de Es Vergers, en las inmediaciones del Camí d’en Kane ofrecía este aspecto en agosto. | Gemma Andreu

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La Dirección General de Recursos Hídricos del Govern ha emitido esta semana un informe en el que confirma la existencia de aguas contaminadas por vertidos de purines y estiércol en el torrente de Es Vergers de Sant Joan, en Maó. Según el informe, la contaminación procede de la finca de Biniaixa Gran, situada en el entorno.

Es la conclusión de los análisis llevados a cabo por técnicos de la institución del Govern a partir de la denuncia efectuada por la propietaria de una parcela próxima a finales de junio. Entonces aseguraba que el pozo que tiene en ella estaba contaminado por las filtraciones que le llegaban del torrente de Es vergers, situado a pocos metros. Días después el presidente del GOB, Carlos Coll, también denunciaba ante la Conselleria de Medio Ambiente del Govern que eran visibles en el torrente, a la altura del Camí d’en Kane, gran cantidad de aguas residuales.

El análisis de los técnicos en las muestras tomadas en el lugar indican que existe contaminación por materia orgánica, en especial, nitrógeno y fósforo. El agua del pozo también lo está por materia orgánica aunque con concentraciones muy inferiores a las del torrente.

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Las evidencias detectadas en el terreno    y los parámetros analizados señalan que la contaminación procede de vertidos de purines y estiércol de ganado generados en la finca de Biniaixa Gran. La ausencia de sistemas de recogida de estos vertidos y la existencia de una acequia en esa finca que desemboca en el torrente indican que parte de los purines generados en su explotación se cuelan hacia el torrente de Es vergers afectando a su calidad y a las aguas subterráneas de la zona.

Recursos Hídricos ha calculado que el coste de restitución de los daños ocasionados al dominio público hidráulico por el vertido de purines es de 2.850 euros, 19 toneladas anuales a 150 euros.

La finca se expone ahora a una doble sanción por parte de la Dirección Insular de Economía del Consell, por carecer de plan de recogida de residuos, y de la Conselleria de Medio Ambiente si estima que ha cometido un delito medioambiental.