El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo. | Luis Millán / Efe

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El Consell de Menorca es la única administración insular que ha remitido al Govern balear la información sobre menores tutelados víctimas de explotación sexual que ha solicitado a todas las Comunidades Autónomas el Defensor del Pueblo. En el resto de España solo han respondido hasta la fecha a esta solicitud las comunidades de Asturias, Madrid, Extremadura y Melilla.

Ni el resto de consells de Balears ni las otras regiones han aportado al Defensor del Pueblo los datos sobre casos como los registrados en Mallorca, por lo que la institución mantiene la actuación abierta hasta que disponga de los informes de todas las comunidades para efectuar una resolución global.

El pasado 25 de mayo el Defensor inició una actuación de oficio requiriendo información a las administraciones competentes en materia social de todas las comunidades, así como al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para conocer las características de los casos de explotación sexual de menores tutelados que se hubieran detectado en cada territorio.

También reclamó a las administraciones competentes, los consells insulars en el caso de Balears, que le detallaran las medidas específicas de protección adoptadas con respecto a los afectados y los protocolos aprobados o en elaboración para la detección temprana de tales casos.

En el caso del Consell de Mallorca, un portavoz ha señalado a Efe que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) está elaborando actualmente la contestación. Fuentes de la Conselleria autonómica han indicado, por su parte, que han requerido la información a los consells que no la han facilitado, salvo el de Menorca, para poder remitirla al organismo estatal.

El Defensor del Pueblo explica este jueves que «continúa abierta esa actuación general de oficio», que no impide que «pudieran iniciarse otras investigaciones de carácter singular, en el caso de tenerse conocimiento de nuevos casos».

Entre las propuestas para mejorar el funcionamiento de los centros de menores, el defensor Ángel Gabilondo planteó realizar la supervisión médica en las primeras 24 horas del ingreso, protocolos de prevención de conductas autolesivas y reforzar el personal con expertos en psicología clínica.