Zona de compostaje de la planta de tratamiento de residuos de Milà.

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El matadero de Maó ha tratado sin éxito de escapar de los elevados costes de incinerar en Milà los residuos animales que genera, una factura a la que no puede hacer frente y que está llevando a la ruina a la Cooperativa Verge Monte Toro, la concesionaria del servicio municipal. El departamento de Medio Ambiente del Consell y el Consorci de Residus se han alineado con la UTE Es Milà para desoír las demandas del matadero, frenando incluso las alternativas de tratamiento que ofrece su propio Plan Director de Residuos, aprobado en junio de 2020.

La cooperativa de ganaderos que gestiona el matadero de Maó se vio abocada a buscar una solución a su delicada situación económica cuando el Ayuntamiento de Maó dejó de pagar irregularmente las altas facturas de incineración. Esa urgencia le llevó a solicitar informe de la Dirección General de Salud Pública del Govern para acreditar ante el Consorci la posibilidad de separar los residuos no peligrosos y tratarlos para no tener que incinerarlos. Este diario ha tenido acceso a la respuesta que recibió el matadero por parte del Consorci de Residus y del Consell a su petición de auxilio. Se resume básicamente en que no existe de momento alternativa a la incineración.

Más allá de que el Consell ha obviado tenazmente la posibilidad expresa que la declaración de zona remota le ofrece desde 2014 de enterrar los residuos no peligrosos como alternativa a los desmesurados costes de incineración, los informes redactados por los técnicos del Consorci revelan otra solución que se recoge en el Plan de Residuos y que no ha habido intención de explorar: la utilización de estos residuos para hacer compost, una alternativa mucho más económica y por supuesto más sostenible.

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En un informe técnico del Consorci de Residus y Energia fechado el 9 de diciembre del año 2021 -casi un mes después de la solicitud del matadero, que mientras tanto seguía sumando facturas por la incineración- se aborda esa posibilidad, recogida en el artículo 43 del plan de residuos: «Los residuos clasificados con las categorías 2 y 3 (los que no son de obligada incineración) se podrán tratar mediante un proceso de compostaje y/o digestión anaeróbica». El informe recuerda que «a día de hoy Milà no dispone de la correspondiente instalación (la planta de biogás) para poder someter los residuos a digestión anaeróbica, motivo por el que las categorías 2 y 3 solo se pueden someter a un proceso de compostaje».

La alternativa a la incineración sin tener que enterrar -a la que por cierto podría llegar a acogerse el Ayuntamiento de Ciutadella para ahorrarse la elevada factura de enviar los residuos no peligrosos fuera de la Isla- está servida. Sin embargo, prosigue el informe, para poder compostar los residuos no peligrosos en Milà «se debería solicitar la correspondiente modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada al Govern».

Ni el Consorci, ni el Consell ni por descontado la empresa gestora de Milà han llegado a cursar ninguna solicitud al respecto. Se podría pensar que la Autorización Ambiental Integrada es un documento de muy compleja modificación, pero lo cierto es que, ya sea por solicitudes del titular de Milà, de intervenciones de oficio por parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente o para la preceptiva adaptación a nuevas normativas, el documento ha sido modificado hasta en 15 ocasiones desde 2006. El pasado 23 de marzo, el conseller de Medio Ambiente, Josep Juaneda, firmaba la respuesta final a la cooperativa. «No se considera posible a corto plazo el compostaje como posible tratamiento de residuos de tejidos animales». Conclusión: a seguir incinerando.

El apunte

Argumentos de la empresa para no compostar: «Olerá peor y atraerá fauna»

Como es habitual el Consorci de Residus consultó a la UTE Es Milà, gestora del recinto, cuando se le preguntó por alternativas al alto coste ambiental y económico de la incineración, en este caso para conocer los inconvenientes de hacer compost con ellos, una alternativa muy por encima en la jerarquía de tratamiento a que obliga la normativa. La respuesta de la empresa, validada sin ningún contraste por parte del Consorci, es en resumen que aumentarán los malos olores, atraerá a la fauna y aumentará los costes operativos del proceso de compostaje.