Trapsayates, cuya marca comercial es Marina Mahón, había sido convocada a las diez de la mañana en sus propias oficinas del Moll de Llevant para la entrega de las instalaciones. La formalidad, aplazada unas semanas antes, se realizó sin incidencias. Allí esperaban los dos administradores judiciales, Paulino Pérez y George Lumby, el gerente Fernando Martín Palomino y otros empleados de los seis que componen actualmente la plantilla de la empresa.
Por parte de Autoridad Portuaria acudieron Armando Parada, jefe de explotación portuaria, y Vicent Fullana, delegado de ese organismo en Maó. Tras unos minutos de conversación sobre el proceso, recorrieron las instalaciones para inspeccionar su estado durante unos 30 minutos y a continuación se trasladaron todos a la sede de Autoridad Portuaria, donde firmaron el papeleo que pone fin a la adjudicación aprobada en 2008. También se resolvió el futuro de los empleados, Tanit Ibiza contratará a la administrativa, los tres marineros y el capitán marítimo, todos salvo el gerente.
Los directivos del Club Marítimo, que habían seguido desde la terraza de su sede social el paseo por los pantalanes del séquito formado por la directivos de Autoridad Portuaria y los de Trapsayates, también se dirigieron a las oficinas de Autoridad Portuaria para formalizar la toma de posesión de las instalaciones. Han sido 14 años de espera para la recuperación de unos amarres que siempre había gestionado la entidad náutica hasta la convocatoria de la libre licitación de los mismos.
Se abrió entonces la más dura controversia que se recuerda en la gestión del puerto de Maó. La entrada en la pugna de Trapsa, con capital de Díaz Ferrán, entonces todopoderoso presidente de la CEOE, y presuntos amaños en el proceso retrasaron esta cinco años y desde entonces ha estado salpicada de varios recursos judiciales. La entrada del grupo empresarial matriz de Trapsa en concurso de acreedores ha añadido actores, los administradores judiciales, al proceso.
Todavía hay un recurso presentado ante el Supremo, aunque hace dos años del mismo, no ha sido admitido todavía, y, al parecer, tiene poco recorrido, aunque tratándose de los amarres del Moll de Llevant, que tantas veces han pasado por los tribunales, nadie entre los implicados se atreve a dar por cerrada plenamente la vía judicial.
El Consejo de Administración de Autoridad Portuaria rescindió en diciembre de 2017 la concesión a Trapsayates al aprobar la caducidad de la misma y acordó un desahucio que la Audienia Nacional paralizó después. Desde entonces la ha considerado un «okupa de dominio público» aunque, sin embargo y según fuentes portuarias, ha pagado religiosamente el canon anual.
Tasas
Queda la duda en torno al pago de las tasas portuarias de los usuarios de estos amarres durante los últimos cuatro años. En junio de 2018, Autoridad Portuaria envió notificaciones a los propietarios, consignatarios y capitán o patrones de embarcaciones usuarias de estos amarres para que abonaran directamente las tasas en sus oficinas porque ya no reconocía al concesionario al haber iniciado el proceso de desahucio.
Se trataba de una medida de presión más para echarla de los muelles. Sin embargo, la empresa no se dio por aludida y mantenía presuntamente el cobro de la T-0, que es la tasa de ayuda a la navevación, y la T-5, la tasa que se aplica a las embarcaciones deportivas y de recreo. Se ignora si hay una deuda pendiente, si Autoridad Portuaria la ha reclamado o si han saldado definitivamente las cuentas con la firma del desahucio y han cerrado el proceloso capítulo que se ha vivido en estas aguas en las últimas décadas.
En ese camino quedan apuntes cuando menos curiosos. En el proceso de adjudicación se utilizó un informe externo del catedrático Jiménez Cisneros, quien luego ha sido el abogado de Trapyates y una de las claves de los sucesivos recursos judiciales que han permitido prolongar la gestión de esta empresa en el Moll de Llevant y obtener oxígeno para su pervivencia.
Un recurso de casación pendiente aún del Supremo
El desalojo difícilmente tendrá vuelta atrás, pero Trapsayates continúa peleando por los amarres. Ayer se puso fin a uno de los dos procesos que han dirimido la concesionaria y Autoridad Portuaria, que era el desahucio aprobado por el Consejo de Administración como concecuencia de la caducidad declarada por resolución del Consejo de Administración en diciembre de 2017.
Sin embargo, no podía aprobarse el desahucio hasta trasncurridos tres meses desde que se declarara la caducidad, por lo que hubo que iniciar otro expediente de desalojo. Este es el que ha concluido. Pero Trapsayates tiene presentado recurso de casación ante el Supremo contra la citada resolucion de caducidad. Está pendiente de admisión y, por tanto, de resolución, es la la última bala que le queda a la empresa en esta larguísima batalla del puerto de Maó.
Las claves
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Traspaso de 30 amarres de gran eslora para Tanit Ibiza Port SA
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La firma de papeles se realizó en la sede de Autoridad Portuaria
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Policía Nacional y agentes portuarios durante el desahucio
4 comentarios
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Por qué Autoridad Portuaria no dió ése golpe en la mesa antes de temporada? És por la proximidad de las elecciones?
¡Qué escándalo y qué vergüenza!
channelzerojajaja
han estado un dia entero para cruzar el pantalan?