Las cuatro concesiones existentes en Addaia caducaron en 2018, mientras esperan la renovación tienen una autorización temporal. | Josep Bagur Gomila

Varias asociaciones de amarristas tanto en anillas como en boyas de la costa menorquina han mostrado incertidumbre por el futuro de las concesiones o autorizaciones temporales que concede Costas. Hay motivos para la inquietud ante los criterios más exigentes que aplica Capitanía Marítima y el precedente de Sant Lluís el verano pasado, pero tampoco hay previsión de revocación o reducción de las concedidas actualmente, aunque los criterios oficiales tienden hacia plazos más cortos.

Toda petición que llega a Costas requiere para su autorización el informe preceptivo y vinculante del, en el caso de Menorca, jefe del Distrito Marítimo, que ejerce las funciones de capitán marítimo, y de la Conselleria balear de Medio Ambiente. El primero es responsable de la seguridad marítima, la navegación y la contaminación y sobre esos criterios valora las peticiones que llegan a Costas.

José Luis Ortega, que lleva dos décadas desempeñando esa función, explica alguna de las razones por las que ha informado negativamente las autorizaciones de Sant Lluís y algunas otras en los últimos años. En el primer caso, recuerda que en Sant Lluís había 300 fondeos en 2006 y dos años después ya informó en contra. Así y todo, el crecimieto ha sido exponencial desde entonces y hoy son 500. Lo mismo ha ocurrido en otros puntos de la costa, incluidas zonas de baño.

«El mar es libertad y también un medio público en el que no hay límites, pero exige seguridad e igualdad de condiciones para todos los usuarios», explica. Es una de las razones por las que pide que la administración, el Consell y los ayuntamientos en el caso de Menorca, se pongan de acuerdo en la elaboración de un plan, director de costa o la denominación que se elija, una versión litoral del PTI. Y que sea la administración la interlocutora de los usuarios, agrupados en asociaciones o individualmente, ante Costas. En la ley de la biosfera se habla de este plan, «bien, pero hay que desarrollarlo, las competencias no son todavía del Consell», agrega.

Es la misma idea expuesta por la alcaldesa de Ferreries, Joana Febrer, en la última reunión de alcaldes. El problema les afecta a todos, que sufren además la presión de los amarristas por ser la institución más cercana y la que puede influir ante Costas.

En la ordenación costera, recuerda Ortega, hay una parte política indiscutible como es la restricción del fondeo en determinadas calas o puntos del litoral y establecer criterios, «no todas las zonas son iguales. Si en tierra se habla de masificación, en el mar se va en la misma dirección. No hay un máximo establecido ni límites de embarcaciones, salvo el fondeo con ancla sobre praderas de posidonia», precisa. Alaba en esa línea los campos de boyas públicas en Fornells, Illa de l’Aire e Illa d’en Colom cuyo uso se puede reservar a través de una aplicación, «proteges el medio ambiente y das opciones al usuario», dice.

Si han proliferado los bañistas también lo han hecho las actividades náuticas, que igualmente requieren permiso para el uso de rampas y otros elementos. «Se llegarán a convocar concursos públicos como en los puertos, todos tienen los mismos derechos», advierte ante lo que puede venir.

Las cuatro asociaciones de amarristas radicadas en Addaia han disfrutado de una concesión de quince años que ha finalizado en 2018. Desde entonces tienen una autorización temporal a la espera de renovación. Ortega no es partidario de concesiones tan largas siempre y cuando no vayan acompañadas de servicios como la señalización, la gestión de residuos, vigilancia surtidor de combustible y el mantenimiento de las infraestructuras.

Estas asociaciones son algunas de las que han hecho llegar su preocupación ante una renovación que tarda en llegar desde Madrid. Otros son los Amics des Riu de Cala Galdana, donde se trabaja para que los ayuntamientos de Ferreries y Cala Galdana compartan la titularidad.

Este es un punto caliente, la citada asociación gestiona 95 amarres y las nuevas solicitudes se dirigen a las boyas del exterior de la cala. Además concentra mucha actividad náutica con alquiler de embarcaciones. «Hemos llegado a un punto en el que no es seguro», concluye.

Punto de vista

«Hay que crear una federación de usuarios amarristas»

La oferta actual de Menorca suma 4.350 amarres, 2.450 de los cuales están radicados en los puertos de Maó, Fornells, Ciutadella, Addaia o Cala en Bosc, que son los cinco que tienen esa consideración. Los 1.900 restantes corresponden a anillas o boyas temporales de la costa.

En la zona litoral, la que más embarcaciones concentra es la de Addaia, 834, de los que 180 corresponden a Puerto Luz, la dársena deportiva en funcionamiento desde hace más de cuatro décadas.

Todos los amarres de costa están ahora mismo en autorización temporal, las concesiones ya solo se mantienen en los puertos. La temporalidad transmite sensación de precariedad e inseguridad para los usuarios, «hay que hacer una federación de usuarios amarristas, no solo menorquines, sin la fuerza de la unión nos vencerán», según la propuesta pública que realiza Francisco Mercadal, presidente de la asociación de usuarios de los muelles de Addaia.

Arguye que no piden más amarres, sino seguir con el mismo número y las mismas prestaciones, «la mayoría de los usuarios son mileuristas jubilados que pagan unos 200 euros al año», apunta en favor del régimen de concesión del que han venido disfrutando hasta ahora.