El diputado Josep Castells ha alertado sobre la saturación que sufre actualmente la ruta aérea entre Menorca y Mallorca, donde se han hecho habituales las cancelaciones de vuelos y los casos de ‘overbooking’, tal como ha venido informado ‘Menorca – Es Diari’.
La Cámara también ha aprobado instar al Gobierno a dar respuesta, en el plazo de un mes, en la propuesta de implantar una prueba piloto para el establecimiento de una OSP en la ruta aérea entre Menorca y Barcelona, así como negociar la cogestión de los aeropuertos y puertos de interés general radicados en las Islas.
La moción de Més per Menorca, aprobada de forma parcial, también insta a negociar la cogestión de los aeropuertos y aumentar los complementarios salariales por insularidad para enfermeras y médicos de Balears. De los 15 puntos propuestos se han aprobado diez.
Poner un tope al precio del alquiler
Uno de los puntos aprobados insta a la Mesa del Congreso de los Diputados a tramitar de forma inmediata la Proposición de ley del Parlament balear, de modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, para que las comunidades puedan regular los precios de los alquileres de viviendas en zonas con un mercado de vivienda tensionado.
La iniciativa también pide al Govern que negocie, con los sindicatos representativos del personal sanitario, un incremento suficiente de los complementos salariales por insularidad de todos los médicos y enfermeras del IBSalut, que permita fidelizar al personal sanitario en las Islas.
Además, con la aprobación de esta moción, la Cámara autonómica reclama al Gobierno que incremente el importe de las diferentes indemnizaciones por residencia que perciben los trabajadores públicos de la Administración General del Estado destinados en Balears, como mínimo, hasta equipararlos al importe que cobran los mismos trabajadores destinados en Canarias.
Finalmente, otro punto aprobado insta al Ejecutivo balear a trasladar al Gobierno del Estado y a la Comisión Europea la necesidad de un estatuto específico para las islas pobladas del Mediterráneo, de forma que, de forma justificada y con el alcance que se considere necesario, queden excepcionadas de ciertos principios de la normativa europea que impactan negativamente en las condiciones de vida de los residentes en estas islas. Este punto alude a una hipotética restricción a la libre movilidad o la compra de viviendas por parte de ciudadanos foráneos.
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