Parque de la Albufera de Es Grau, núcleo de la Reserva de Biosfera, con cartelería informativa. | Efe

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Los artículos 11, 12 y 14 de la Ley Menorca Reserva de Biosfera que el Parlament aprobará el día 31 han sido reescritos respecto a la versión que salió del Consell. Son los referidos a las competencias que la administración insular podrá asumir, además «como resultado del proceso de traspaso o delegación tal como está regulado» en el Estatut d’Autonomia balear, no como consecuencia directa de esta nueva norma.

El segundo de los artículos citados constaba de 17 competencias en la proposición de ley aprobada por el Consell y tras el paso por la ponencia se han reducido a diez. Además se incluye la observación de que las funciones ejecutivas contenidas sobre esas competencias (bosques, aprovechamiento forestal, vías pecuarias y pastos) «se llevarán a cabo sin perjuicio de las competencias propias del órgano forestal de las Illes Balears» y por ese motivo se crea el Comité Técnico de Coordinación Forestal.

Asimismo, el artículo 14, que contemplaba el traspaso de hasta trece funciones en materia de participación y coordinación en la gestión de espacios naturales protegidos se queda reducido a seis. Valga como detalle que el Consell tendrá capacidad para proponer el nombramiento del director del parque de la Albufera, no la designación directa como proponía en el texto original.   

Financiación

El artículo 77, referido a la financiación de la Reserva de Biosfera,    es otro de los que recibe un revolcón. La ambiciosa propuesta de cinco millones del presupuesto autonómico queda limitado ahora a 3.750.000 euros. También ha sido redactado ex novo.

Es uno de los puntos más críticos. Mantiene la cantidad inicial de cinco millones para    cubrir los costes económicos y sociales derivados de la condición de Reserva de Biosfera, pero la aportación la han de realizar Govern y Consell a razón del 75 y el 25 por ciento respectivamente.

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Uno de los objetivos, defendido especialmente por el PP, era obtener con esta ley una financiación similar a la que tiene Eivissa por capitalidad. Desde ese punto de vista, se logra la equiparación pues cinco millones obtiene la capital pitiusa, el 25 por ciento de su Consell.   

Las notas jurídicas

A pesar de las duras críticas que generó el informe previo de la Abogacía de la Comunidad Autónoma y situarse este en el germen de la crisis de abril en el equipo de gobierno abril, la incidencia que ha tenido en la versión final resulta palpable.

Decía que la dotación financiera había de ser conjunta y así será. Cuestionaba el artículo que proponía reinvertir en Menorca lo recaudado aquí por el Impuesto de Turismo Sostenible y ha desaparecido del texto final. Como hasta ahora, el Consell, de acuerdo con la Junta de Alcaldes, podrá proponer sus proyectos a la Comisión de Impulso Sostenible. Nada cambia.

También el Consell quería la gestión propia del canon de saneamiento, si asumía la gestión de las depuradoras. «Esta propuesta no tiene en cuenta que el canon de saneamiento es un tributo propio autonómico» y la cesión implicaría modificar el Estatut, decía Lourdes Aguiló, directora de la Abogacía. El artículo ha sido directamente eliminado del texto final.

Otro varapalo de las citadas notas jurídicas se refería a los artículos 15 y 16, relacionados con la protección de la biodiversidad. En el texto final también han pesado las advertencias referidas a «aspectos que son objeto de normativa estatal básica». De las diez competencias que reclamaba el Consell en virtud de esta norma han quedado cinco. Entre las que desaparecen figura la potestad reglamentaria organizativa y además «el Consell ha de remitir al Govern» la información necesaria sobre biodiversidad para ser remitida a su vez a la Administración del Estado, que es la competente en la materia.         

Los vehículos

También sufre un cambio importante el artículo 28 y la disposición transitoria tercera comentada ayer sobre la limitación a la entrada de vehículos. El nuevo texto cambia la premisa de «fijar el número máximo de vehículos» y «los riesgos derivados de la afluencia turística excesiva» por «la limitación de la entrada» y «el impacto excesivo de la movilidad motorizada», que suena menos antiturístico.

Las claves
  1. 550 enmiendas

    Més per Menorca es el único grupo que no ha presentado enmiendas al articulado de la ley, lo que implícitamente supone que asume el texto original salido del Consell de Menorca. El resto de grupos han presentado en conjunto 554, de las que 98, casi todas de los grupos que forman la mayoría parlamentaria, han sido aprobadas. Las otras 456 han sido rechazadas en el debate en ponencia. 

  2. Agenda urbana

    El capítulo V está dedicado a la Agenda Urbana con dos artículos que son de los pocos que salvan su integridad. Añadidos una vez redactado el primer borrador, contiene más declaración de principios que acciones concretas. Algunos ponentes dicen que ha creado más indiferencia que debate.