Retrasos de hasta cinco años en los peritajes judiciales en Menorca demoran la resolución de demandas

Completa su queja aduciendo que si eres víctima de un delito, «para que un ‘experto’ diga que lo tuyo vale X tendrás que esperar una media de tres años», dice, una dilación con riesgo de prescripción, «lo llaman justicia y no lo es», concluye en Twitter.

No es tanto problema de la intervención de los peritos como del procedimiento, corrige Pedro Monjo, decano en Menorca del Colegio de Abogados de Balears. Sí admite, no obstante, escasa agilidad judicial, las reclamaciones inferiores a 2.000 euros no necesitan tramitación a través de abogado y procurador, se puede hacer mediante impreso directamente en los juzgados.

Aquí el problema es otro, la covid ha dejado de herencia la cita previa como requisito para ser atendido. Y esta es una de las razones que también retrasa la tramitación y motivo por el que se prefiere echar mano del abogado, a pesar del riesgo de que el coste profesional sea superior al beneficio de la reclamación, «hay pleitos que no compensan el gasto», explica Monjo.

Las reclamaciones más comunes en Menorca están relacionadas con defectos en la construcción y lo habitual es que cada una de las partes emita una prueba pericial propia. Pero estos informes de parte raramente convergen, por lo que el juez solicita el dictamen de un tercer perito que valore el de ambas partes.

Con frecuencia se recurre entonces a un profesional de Palma y es la causa más usual del retraso. Si se trata de un asunto complicado es probable que este proceso se dilate más de un año. Confiesa que a veces se han realizado informes sin haber visto o inspeccionado el daño real objeto de la reclamación.

El procedimiento contempla además plazos para alegaciones de ambas partes, «podía ser más sencillo, pero es complicado» admite Monjo, quien reconoce que algún pleito por reclamación de daños ha durado cinco años.

Tampoco es problema de carencia de peritos, salvo que haya que recurrir a algún perito judicial de Palma, pues puede serlo cualquier profesional (arquitecto, aparejador, ingeniero, economista) dado de alta en su colegio. Su elección es determinado por turno de oficio.