Instalaciones de la ITV en el polígono de Maó.

La concesionaria del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), la empresa TÜV Rheinland Certio SL, todavía no ha abonado la sanción de 9.000 euros que le impuso el Consell por la demora en las citas, presentó un recurso para suspender la imposición de penalidades, que el departamento de Movilidad debe resolver.

La consellera Montse Morlà informó este lunes al pleno de que la amenaza de las multas coercitivas a la concesionaria, a razón de 3.000 euros diarios por incumplimiento del contrato, se mantiene, pero antes de aplicarlas debe atenderse el recurso presentado por Certio, cuyos responsables, aseguró, «quieren evitarla, quieren resolver el incumplimiento, nos enviarán toda la documentación necesaria y también permitirán que técnicos del Consell puedan acceder a su programa de gestión».

Morlà dio estas explicaciones a raíz de la interpelación presentada por el grupo del PP para conocer las razones del incumplimiento del contrato y qué medidas han tomado tanto la empresa como el Consell para resolver los retrasos en las citas de la ITV, que ayer para los turismos seguían siendo de entre tres y cuatro semanas, en Maó y Ciutadella respectivamente, cuando por contrato deberían ser un máximo de una semana. No son los dos meses del pasado verano pero la concesionaria sigue sin cumplir el contrato.

El conseller Adolfo Vilafranca preguntó a Morlà por otro incumplimiento, esta vez en las condiciones de mantenimiento de las instalaciones y, de ser cierto, si se sabía el coste, a lo que la consellera respondió que existía ese incumplimiento pero no había sido cuantificado.

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En cuanto al retraso en las citas, la empresa expuso que tenía problemas de personal, dificultades para traer gente de fuera y reforzar la plantilla, para poder cubrir bajas, como por ejemplo la del director de la ITV de Maó. La concesionaria, según dijo Morlà, asegura que ha puesto en marcha medidas como dar citas los sábados y pagar primas a los trabajadores pero estos, reunidos con el Consell, afirmaron que desconocen con qué criterios y que dichos extras no se pagan a todos los empleados por igual.

A contrarreloj

Pese a los argumentos ofrecidos por Certio en distintas reuniones mantenidas con el Consell, Movilidad no desea prorrogar el contrato, algo que quedó claro ayer en el debate plenario, pero quizás no tenga otro remedio. El contrato actual finaliza en diciembre de este año, «debería licitarse ya» el servicio, advirtió el conseller Vilafranca en la defensa de la interpelación, pero manifestando al mismo tiempo serias dudas de que eso sea así.

El trabajo se acumula en el departamento de Morlà y esta reconoció que aunque la intención es no prorrogar y que los pliegos para un nuevo concurso están en marcha, no tienen una fecha para esa licitación y que si los tiempos «nos aprietan, habrá que prorrogarlo, y es un auténtico desastre». No habría más remedio para mantener un servicio necesario, aunque según la consellera la prórroga podría ser por un año y no por cinco «pero efectivamente habrá que prorrogar» sin no se puede sacar a concurso la ITV este año.

El Grupo Popular por su parte solicitó que se acelere al máximo la tramitación del recurso presentado por Certio porque las multas coercitivas por el incumplimiento del contrato están supeditadas a ese trámite, y es una medida que, añadió Vilafranca, «incidirá en la calidad del servicio».