Dany Rose, asesora lingüística del CEIP Sa Graduada despedida por la Conselleria. | Josep Bagur Gomila

El Juzgado número 2 de Maó ha declarado como improcedente el despido de Dany Rose, la asesora lingüística del proyecto British que fue destituida en septiembre del año pasado de manera sobrevenida por la Conselleria de Educación del Govern balear. La sentencia da la razón a esta profesora del CEIP Sa Graduada, que presentó una demanda a través del sindicato CCOO junto con otro docente del IES Cap de Llevant en la misma situación.

Después de dos décadas como asesores lingüísticos del programa bilingüe, ambos dejaron sus funciones por orden de la Conselleria. Habiéndose incorporado a sus respectivos puestos de trabajo el día 1 de septiembre, a mediados de ese mismo mes les anunciaron que sus contratos eran ilegales, que estaban en situación irregular y que no podían impartir clases en los centros educativos en cuestión.

Apoyo de la comunidad educativa

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La decisión de despedir a estos docentes sin previo aviso despertó la indignación de la comunidad educativa, de las familias de los alumnos del British y del sindicato CCOO. Explica emocionada una de las afectadas, Dany Rose, que durante 23 años ha impartido clases en Sa Graduada, que ha recibido el apoyo de la directora, del claustro y de las 400 familias que firmaron en contra de su despido. Ahora solo espera que la Conselleria opte por readmitirla en su puesto de trabajo que tanto le «encanta» para cerrar este capítulo. No obstante, el Govern tiene la opción de indemnizarla si no la quiere readmitir.

Al depender estas plazas del Ministerio de Educación, tenían una consideración de personal laboral, por lo que sus contratos no podían alargarse más de tres años. Aun así, y durante más de 20 años, han estado firmando uno anual prorrogable. A raíz de la nueva Ley de Estabilización, la Conselleria decidió rescindir el contrato a estos dos asesores lingüísticos del proyecto British.

Tras la celebración del juicio el 16 de enero en el Juzgado número 2 de Maó y la emisión de la resolución el pasado viernes, la Conselleria tiene cinco días para contestar. Queda por tanto resolver si optará por readmitir a los trabajadores en sus respectivos puestos de trabajo o si les indemnizará una vez declarada la improcedencia de los despidos.