Imagen de familia de políticos y GOB tras la aprobación en el Parlament de la Ley de Reserva de Biosfera. | Pere Bota

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«Es una normativa de principios muy genéricos, lo que la puede convertir en un instrumento muy virtuoso o en un gran peligro». Esta dicotomía entre el aplauso de la medida y el temor por sus posibles consecuencias es el sentir mayoritario de los agentes sociales y económicos de la Isla tras la aprobación de la Ley de Reserva de la Biosfera.

No hay debate sobre la importancia de haber aprobado una ley que va a otorgar a la Isla mayor soberanía de gestión sobre el territorio y, por tanto, mayor poder de decisión. Nadie lo pone en solfa.

No obstante, lo empañan las dudas ante la posibilidad de que se acabe haciendo un «uso perverso prohibicionista» de la Ley o, incluso, que algunas medidas acaben en papel mojado por invasión del marco competencial. Todo esto queda, además, a expensas de una revisión pormenorizada del texto definitivo aprobado el miércoles sobre el que la mayoría de agentes sociales consultados alertaba de no haber podido aún escudriñar los distintos artículos que la conforman.       

«Bienvenida sea si va a redundar en el bien de todos», apuntaba el presidente de PIME y de la Asociación de Empresas Náuticas de Menorca, Justo Saura, quien cree que «han corrido demasiado». Pero esta frase la acompañaba de un clamor: «pedimos seny y diálogo» antes de tomar decisiones porque «somos los primeros que queremos preservar la naturaleza, el entorno está así gracias a los menorquines, sin existir ley, nadie quiere a quien abusa del territorio».

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Este ofrecimiento de colaboración lo plantea también Enric Casas, director de CAEB, quien valora positivamente los retos en cuanto a competencias de gestión del litoral y de Recursos Hídricos «y ofrecemos nuestra ayuda, que se nos tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones». Pero a CAEB le preocupa «el corazón de la Ley», refiriéndose a la potestad de limitar. «Relacionamos limitar con la falta de capacidad de gestión, nos preocupa que el hecho de tener esta herramienta tan a mano predisponga a hacerlo».

El Cercle d’Economia evitó ayer emitir su opinión sobre el contenido de la norma antes de que la junta se haya reunido, aunque aseveraba que «estamos a favor de cualquier medida que fomente la sostenibilidad de la Isla», lanzando por tanto un mensaje de apoyo al pulmón principal de la Ley.

«La mera alusión a una norma tan general puede ser muy virtuoso o muy peligroso por las tentaciones intervencionistas que puedan generar conflictos con derechos superiores o fundamentales». Así lo aseguraba el abogado experto en derecho urbanístico, Santiago Saura quien ponía el foco en «una normativa de principios muy genéricos, genera indefinición desde el punto de vista técnico-jurídico legal».

En cambio, quien urge al Consell a ponerse a trabajar es el GOB. «Hay temas que hasta ahora no se podían abordar porque Menorca no tenía autoridad para hacerlo», pero ahora ya está facultada, apuntaba el coordinador de Política Territorial de la entidad ecologista, Miquel Camps, presente el miércoles en el pleno del Parlament. Su prioridad y sobre la que cree que debe marcar el calendario del Consell ha de ser la limitación de entrada de vehículos. «Sabemos que el calendario aprieta, pero creemos que da tiempo a aplicarlo este verano» porque «hay muchos datos ya recogidos que pueden agilizar el proceso y, además, tenemos el ejemplo de Formentera, no empezamos de cero». Argumenta la medida al indicar que «las expectativas de quien viene a Menorca no son las de encontrar una isla masificada, por lo que esta situación no solo afecta a los menorquines y al medio sino que degrada el producto turístico». Para Camps, hay que poner en marcha también el mecanismo para elaborar el plan de ordenación del litoral porque ya «estamos superando la capacidad de carga máxima». Y como tercera urgencia destaca la gestión del agua. «El Consell está llamado a sentarse con los ayuntamientos y abordar las grandes pérdidas, es decir, los grandes regadíos agrícolas, los jardines turísticos y las fugas de instalaciones públicas».

Es así como ahora recae sobre la institución insular el despliegue virtuoso o perverso de la norma.

Las opiniones

Justo Saura, presidente de Pime y Asmen. «No es necesario regular la actividad náutica ya que no hay saturación»

«La naturaleza está así gracias a los menorquines y hasta ahora no ha habido ley», apunta Justo Saura quien la aplaude si va a servir para que la gente viva mejor. De ahí que pida «seny y diálogo». En cuanto a la actividad náutica, Saura dice que «en estos momentos no hay necesidad de regular, porque no hay saturación en el mar».

Santiago Saura, abogado en derecho urbanístico. «Sus principios son muy genéricos, puede ser virtuoso o peligroso»

El abogado experto en derecho urbanístico Santiago Saura indica que «es una normativa de principios muy genéricos, lo que puede ser muy virtuoso si las medidas que se acuerdan son razonadas y razonables, pero muy peligroso si el desarrollo o ejecución -vía ordenación territorial, sectorial o reglamento- incide sobre cuestiones que afectan a temas tan trascendentales como la libre circulación o el derecho de propiedad».

Enric Taltavull, presidente del COAIB Menorca. «Echamos en falta el patrimonio histórico y arquitectónico»

El presidente de la demarcación de Menorca del Colegio de Arquitectos, Enric Taltavull, valora este documento marco para regular la reserva de biosfera y aplaude que la Ley «pretenda gobernar el territorio de Menorca desde Menorca, adquiriendo soberanía», aunque echa en falta más atención al patrimonio arquitectónico histórico.

Enric Casas, director de CAEB. «Relacionamos la limitación con falta de capacidad de gestión»

«Pensamos que es una ley muy política y que las herramientas podían haberse conseguido por otras vías», asegura Enric Casas de CAEB. Preocupa «el corazón de la Ley, la limitación, que relacionamos con una falta de capacidad de gestión». Apunta a una estructura administrativa «muy grande» que deberá mantenerse a costa de recursos. Pero también marca los retos en positivo con respecto a las mayores competencias de gestión.

Miquel Camps, coordinador del GOB Menorca .«Nuestras prioridades son los coches, el agua y la ordenación náutica»

Miquel Camps urge al Consell a trabajar en la limitación de coches (para que sea una realidad esta verano), en la ordenación náutica (con la elaboración del plan de ordenación del litoral) y en recursos hídricos, en concreto, para atajar las grandes pérdidas: grandes regadíos agrícolas, jardines turísticos y fugas de instalaciones públicas.