Una página y media le ha bastado a la Fiscalía de Menorca para archivar las diligencias informativas abiertas a raíz de la aparición de restos de animales mezclados entre la basura de Milà. Suficiente para conjugar el verbo mágico, archivar, que deseaban en la plaza Biosfera para trasladar la idea manipulada de que aquí no ha pasado nada. Nada más lejos de la realidad. Que enterrar cuerpos de vacas y cerdos en un vertedero que está impermeabilizado no constituye un delito ambiental es una obviedad, aunque cabe un matiz en aquellos que son material específico de riesgo. El primero en decirlo fue el GOB. Aquí se trata de dilucidar, y el fiscal no entra en ello, si los mataderos de Maó y Ciutadella pagaron por la incineración de unos residuos que acabaron enterrados. Si el dinero público que ha servido para facturar 1,76 millones de euros a la UTE Es Milà se ha empleado realmente para esta finalidad.
Los vertidos no son presuntos, como insiste el conseller Josep Juaneda. Las fotografías demuestran que hay animales que han acabado en el vertedero sin pasar por el horno y las memorias oficiales del Consorcio de Residuos revelan que al menos 112 toneladas de sandach corrieron la misma suerte en el año 2018. ¿Fue una práctica puntual o sostenida en el tiempo? ¿El Consell lo sabía y miraba hacia otro lado? La auditora externa contratada por la institución tendrá los datos para dar una respuesta. Esperemos que el gobierno insular actúe con la transparencia que predica pero no practica. En vez de filtrar versiones interesadas a cambio de un titular exculpatorio, pongan a disposición de los medios todos los documentos y que cada cual extraiga sus propias conclusiones. ¿O es que tienen miedo de la libertad de información?
Las prisas por decir que se ha archivado la vía penal del ‘caso Milà’ les han impedido leer el dictamen completo, y eso que es corto. Si lo hubieran hecho, verían que el fiscal y el Seprona están lanzando un torpedo a la línea de flotación del Plan Director de Residuos de Menorca. Una norma dictada por el Consell que impuso la obligación de incinerar los residuos de los mataderos que antes se enterraban. Una decisión que supuso aumentar un 2.124 por ciento el coste de este tratamiento, un dineral inasumible para el sector ganadero que ha acabado sufragando la propia administración que se se inventó la prohibición. Y digo inventar porque, como se ha acreditado, la declaración de la Isla como zona remota para el tratamiento de los subproductos animales permite enterrarlos a un precio muy inferior y sin daños al medio ambiente en un vertedero preparado como el de Milà. Si hasta lo permite la autorización ambiental integrada que le otorgó la Comisión Balear de Medio Ambiente. No hay delito ambiental porque estos animales no provocan daño al aire, al agua ni al subsuelo. Es lo que se hacía antes aquí y se sigue haciendo en Mallorca sin el menor problema.
Si el entierro de los animales en el vertedero de Milà no supone un riesgo ambiental, ¿por qué se impone una incineración que es más contaminante, cuesta veinte veces más y se paga con dinero público?
Ahí es donde radica el quid de la cuestión: por qué el Consell tomó en su día una decisión tan lesiva para los intereses de Menorca, que ha supuesto un desembolso millonario en subvenciones públicas y que, al final, solo ha beneficiado a la empresa que gestiona esta instalación.
Hablamos, no lo olvidemos, del mayor contrato público de Menorca, por valor de 80 millones de euros a 25 años. Podríamos seguir recordando que el horno incinerador de Milà no está preparado para asumir las toneladas que le obligan a quemar, que la alternativa de echar gasoil y enterrar bidones de plástico con cenizas es más contaminante que dejar descomponer un cuerpo cubierto de tierra, que el Ayuntamiento de Ciutadella ha ganado la batalla en los tribunales frente a Milà y ha roto su monopolio en el tratamiento de los sandach, que llevar estos restos a la Península sale a mitad de precio, que en Mallorca se paga veinte veces menos por lo mismo... pero al final todo redunda en lo que ya sabemos: se podría enterrar sin problema hasta que exista la planta de biogas -a ver si la hacen de una vez- y no pasaría nada.
En el reparto de cuotas de poder del tripartito del Consell el departamento de Medio Ambiente es una parcela de Més per Menorca, pero los socios de PSOE y Unidas Podemos han mirado hacia otro lado. Todos comparten por igual la obligación de velar por el buen uso del dinero público. Las revelaciones del caso Milà han provocado cambios importantes en la forma en que la administración vigila lo que pasa dentro del área de tratamiento. Se ha anunciado la instalación de cámaras, cambios en los protocolos para evitar que se escapen del control oficial los residuos que entran en el recinto y la contratación de un servicio de vigilancia externa.
Que no vuelva a repetirse lo sucedido es importante, pero también lo es aclarar y asumir las responsabilidades.
