Puerto. La rada que se reparten Maó y Es Castell es uno de los proyectos estrella del departamento de Promoción Turística y Fondos Europeos del Consell ‘Port Sostenible’

TW
10

La oficina de fondos europeos participa, bien de manera directa o en colaboración con otros departamentos del Consell, en seis proyectos que reciben cerca de 12 millones de euros de subvención comunitaria Next Generation. El organismo creado para gestionar la correcta ejecución del dinero asignado a cada iniciativa acaba de cumplir un año, se anunció en febrero de 2022. Durante este tiempo ha presentado y conseguido financiación para la mitad de esos seis proyectos: Port de Maó Port Sostenible, a repartir entre Maó y Es Castell, con una subvención de 3,6 millones; Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), a repartir entre Ciutadella, Sant Lluís y Es Mercadal, con 4 millones; y Actuaciones de Cohesión entre Destinos (ACD), a repartir entre Es Migjorn Gran, Sant Lluís, Ferreries y Alaior, con 3 millones de euros. El conjunto de actuaciones en el puerto de Maó y Es Castell constituye una de las apuestas estrella del Consell y contempla la mejora en la gestión del agua con 812.000 euros. Es una iniciativa que parte de la Dirección Insular de Promoción Turística y Fondos Europeos.

El mismo departamento presenta inversiones dentro del Plan de Sostenibilidad que se distribuyen entre Ciutadella, Sant Lluís y Es Mercadal, con este último municipio como el más beneficiado con 2,1 millones, todos ellos destinados a la urbanización de Punta Grossa.

La Dirección Insular de Ordenación Turística presenta la ACD zonas turísticas con fondos que ascienden a 3 millones de euros que se distribuirán entre cuatro municipios. «Todavía estamos en el trabajo inicial», afirma la directora insular de Promoción Turística y Fondos Europeos, Laura Ruiz, «estamos satisfechos de lo que se está consiguiendo para llevar adelante diferentes proyectos en Menorca», añade.

Existen otras tres actuaciones que reciben ayudas de la Unión Europea (Next Generation) por una valor total de 1,2 millones y en las que la oficina de fondos europeos ha colaborado con otros servicios y departamentos del Consell. En primer lugar está el convenio firmado entre la institución insular y el Govern balear, por el cual se dedicará 1 millón de euros para dos proyectos financiados con fondos europeos, que consistirán en la construcción y remodelación de los centros de Es Fabiol, en Ciutadella, y Trepucó, en Maó.

También está el proyecto piloto de Agenda Urbana, con 200.000 euros, y la descripción    y digitalización de fondos documentales del Archivo Histórico de Maó, que se lleva a cabo con la Dirección Insular de Cultura y Patrimonio, con una subvención europea de cerca de 30.000 euros.

Asesoramiento

Una función básica de la oficina es informar y asesorar, tanto a particulares, empresas o entidades públicas, sobre las posibilidades de optar a ayudas europeas. La búsqueda de esas subvenciones no es una tarea sencilla. La oficina ofreció el año pasado dos sesiones de formación on line para los funcionarios de todas las administraciones de Menorca así como las empresas que hayan querido participar, explica Ruiz. «A las entidades locales se las asesora y apoya en la presentación de propuestas en las diferentes convocatorias», asegura, y del mismo modo el equipo de profesionales «revisa, bajo petición, los diferentes proyectos que se quieran presentar».

Bucear en los boletines oficiales en búsqueda de convocatorias es otra de las tareas de la oficina, que los remite a los ayuntamientos o empresas interesadas, resolviendo dudas y apoyando tanto por vía telefónica como por internet y presencialmente. «Con el Ayuntamiento de Es Migjorn Gran, que se presentó a la línea 1 del Plan Integral de Rehabilitación de Edificios Públicos, la oficina participó de manera activa en la preparación y presentación del proyecto de rehabilitación de la casa consistorial», explica la directora insular, «que finalmente se consiguió junto al equipo del propio Consistorio».

La oficina busca captar el máximo de recursos europeos para la Isla y divulgar las opciones para obtener dicha financiación;  dispone del correo electrónico fonseuropeus@cime.es para hacer llegar dudas que responde vía mail o también periódicamente en las redes sociales.

El apunte

Un equipo de cinco profesionales que acompaña la gestión

La oficina ha cubierto las cinco plazas de profesionales que se habían previsto cuando se anunció su creación, un equipo formado por un técnico de gestión y un administrativo a media jornada –ambos funcionarios–, y tres profesionales contratados específicamente para este departamento: un economista, una arquitecta técnica y una asesora jurídica. Todos ellos adscritos a la Dirección Insular    de Promoción Turística y Fondos Europeos. Su responsable,Laura Ruiz Mercadal, realiza un balance positivo de este primer año. «Hemos logrado establecer un equipo propio, algo imprescindible para poder acompañar en la gestión al resto de departamentos», declara Ruiz, «así como también a los ayuntamientos, con el objetivo de facilitarles el acceso a las convocatorias». Además de la búsqueda de las convocatorias y la adaptación de los proyectos a las exigencias de Bruselas, los profesionales son requeridos por algunas de las líneas de subvenciones europeas para que se dediquen a la gestión de un proyecto concreto. De este modo, su papel es rastrear convocatorias, revisar las propuestas del propio Consell y de los ayuntamientos, adaptarlas a las convocatorias comunitarias, revisar y redactar proyectos que pueden optar a la financiación europea, acompañar en la gestión a otros departamentos insulares y a los municipios, informar sobre la idoneidad de las propuestas que se plantean, la normativa que les puede afectar y coordinar que todo siga las directrices del gobierno insular.

Plan antifraude

La asesora jurídica es la persona responsable del plan antifraude, las medidas aprobadas por el pleno del Consell, en cumplimiento con la normativa europea, para garantizar la correcta aplicación de los fondos europeos Next Generation. El plan se estructura en torno a los cuatro elementos clave del ciclo antifraude, que son prevención, detección, corrección y persecución, medidas que deben aprobar las instituciones para recibir el apoyo económico de la Unión Europea.