Sede el Institut Menorquí d’Estudis, organismo involuntario de la polémica sobre los pagos. | Gemma Andreu

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El informe elaborado por una asesora jurídica del Consell no determina la existencia de fraccionamiento de contrato en el encargo del presidente del Institut Menorquí d’Estudis (IME), Miquel Maria, a Jesús Cardona, presidente de una sección de ese organismo. Tampoco lo excluye.
En las conclusiones de su análisis considera que es necesario otro informe, en este caso a cargo del órgano de contratación, que deberá valorar si existe «fraccionamiento del objeto del contrato», es decir, si las diversas partes de la prestación que se han contratado por separado «no son susceptibles de aprovechamiento o utilización por separado por constituir una unidad funcional entre estas», que es lo que parece.

Este punto aparece como una de las claves que permita constatar si, efectivamente, se ha fragmentado el contrato para la elaboración de las Directrices Estratégicas de Menorca (DEM), que es el que ha investigado la Oficina Anticorrupción de las Illes Balears. Con la información que ha estudiado no es suficiente, según explica el informe jurídico.

Este lo había solicitado la presidenta del Consell, Susana Mora, a quien Anticorrupción insta a que en el plazo máximo de tres meses informe de la medidas que adopte ante los indicios de supuesto fraccionamiento de contrato y de sueldo encubierto pagado al autor de las DEM.

El informe emitido ahora por una asesora jurídica del departamento de Servicios Generales del Consell no contribuye a despejar plenamente las dudas suscitadas, aunque entiende que no puede hablarse de sueldo encubierto, el segundo de los supuestos señalados por Anticorrupción.

Irregularidades

El trabajo jurídico sí constata irregularidades en la tramitación contractual, aunque son «de carácter más bien formal que, en principio, no afectan a la validez de estos». No obstante, condiciona esta opinión al mencionado informe del órgano de contratación, que es el propio presidente del IME o el consejo rector.

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A falta de contrato como tal, lo único que consta es un encargo de Maria a Cardona, firmado por ambos, para la elaboración del plan estratégico de Menorca (posteriormente, DEM) el 18 de marzo de 2016. La hoja de encargo señala que el importe previsto será, sin IVA, de hasta 15.000 euros, la cantidad máxima prevista para los contratos menores.

La jurista del Consell separa los pagos realizados hasta el 8 de marzo de 2018 y los que se suceden a partir del día siguiente, fecha en la que entra en vigor la actual Ley de Contratos del Sector Público. Con la primera, para los contratos menores solo se exige la tramitación del expediente con la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, es decir, la factura sustituye al contrato.

Las facturas se adecuan a los límites cuantitativos, 15.000 euros, y temporales, un año, que es lo que marca la normativa. El interventor, la coordinadora científica del IME y el presidente dieron conformidad a las facturas, un argumento en favor de la validez de las mismas.

Sin embargo, no consta la formalización previa del encargo de las facturas de 2017, requisito exigido en bases de ejecución presupuestaria del Consell (vigente también para sus organismos autónomos), año en el que el importe pagado al coordinador de las DEM alcanza 18.558 euros cuando el límite fijado por las citadas bases estaba en 12.000 y los contratos menores en 15.000, según recoge el informe.

Igualdad de oportunidades

Sobre los pagos a partir de 2018, la jurista valora los cambios en la normativa para los contratos menores. Entre ellos un real decreto de 2020 que transpone varias directivas europeas y que exige un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato. A cambio, desaparece el requisito de que el mismo contratista haya suscrito varios contratos menores cuya suma supere los 15.000 euros.

Eso supone que una misma persona o empresa, superado el plazo de un año, puede volver a suscribir un contrato menor siempre que se dé la condición de «igualdad de oportunidades», otro aspecto cuestionado por Anticorrupción.

Las claves
  1. Ni número de expediente en las facturas ni publicación trimestral

    Entre las irregularidades, el informe señala que el IME no ha indicado ningún número de expediente relacionado con las facturas correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020, tal como exige la ley de contratos. Tampoco acredita la publicación trimestral de la contración menor, exigida por esa ley.

  2. Cardona no incurre en el deber de abstención en su nombramiento

    Jesús Cardona no ha tenido ninguna vinculación laboral ni funcionarial con el IME, su relación es exclusivamente académica. No incurrió en el deber de abstención de su nombramiento como coordinador de las DEM porque este lo acordó la comisión de trabajo creada para realizar esa tarea.

  3. ¿Qué son las DEM?, falta una definición legal, advierte la jurista

    Ante la carencia de una definición legal de qué son las DEM, advierte la autora del informe, «se considera necesario analizar si las facturas responden a prestaciones con sustantividad propia». El informe no profundiza, sin embargo, en la duda que abre en torno al encaje legal de este documento.

  4. No se pueden separar expedientes referidos a la misma prestación

    La superación del plazo anual y la contratación a través de expedientes separados de una misma prestación constituye el aspecto con más sombras de duda, de acuerdo con las explicaciones de las juntas consultivas de contratación administrativa de les Illes Balears y del Ministerio de Economía.