Desde la rada mahonesa, José Luis Ortega ejerce su cargo de jefe del distrito marítimo de Maó y también del de Ciutadella, puesto que esta plaza se encuentra vacante. | Gemma Andreu

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José Luis Ortega (Maó, 1974) lleva veinte años desempeñando las funciones de jefe del distrito marítimo de Maó, dependiente de la Capitanía Marítima de Palma. Por ello, cuenta con un amplio conocimiento sobre la realidad del litoral de Menorca, con cuya gestión se muestra muy crítico.

Se habla mucho de la masificación turística en Menorca. ¿También hay saturación en el mar?

—La situación es igual o peor. Por ello, nosotros pedimos más regulación y limitaciones. Necesitamos saber, por ejemplo, cuántas empresas pueden operar en una rampa, o cuántas boyas se pueden poner en el litoral menorquín. Tenemos el PTI, que marca la planificación territorial de la Isla, pero para regular la costa no tenemos ningún plan.

¿Entonces, el litoral menorquín está masificado?

—Ahora mismo no hay límites. Cada vez hay más empresas que operan en él y no existe ningún tope.

Usted propone la redacción de un plan para ordenar la costa.

—Sí, necesitamos un plan director, que podemos llamar como queramos y que sería una especie de PTI de la costa, que establezca claramente un techo, porque el problema es que ahora no hay límites y hay que recordar que el litoral es público. Ahora las empresas y los particulares operan en él sin ningún tipo de orden, cuando debería estar todo regulado por las administraciones. Es como si una asociación de vecinos dice que a partir de ahora gestionarán ellos mismos los estacionamientos de una calle, y empiezan a decidir quién puede aparcar y el precio que debe pagar. O imagina que esta asociación de vecinos hace un aparcamiento solo para ellos en una parcela pública. Esto es lo que está pasando en el mar ahora mismo.

¿Bajo qué criterios se debería redactar este plan?

—Lo deberían redactar las administraciones públicas competentes, en este caso el Govern balear y los ayuntamientos. El tema es que ahora no hay ningún criterio y es necesario empezar de cero, y se tendría que hacer una norma novedosa, porque incluso Catalunya, que siempre va por delante, tampoco tiene una normativa clara. Aunque las problemáticas son distintas en cada zona.

¿Qué problemas concretos tiene Menorca?

—Por ejemplo, Menorca tiene pocos puertos deportivos y no hay sitios para repostar, por lo que ahora las barcas están repostando en los amarres, lo que provoca problemas de seguridad y de contaminación. Por ello, sería necesario habilitar lugares para repostar con más seguridad. Además, si ahora se quema una embarcación en Cala Galdana o en Binibèquer, no tenemos sistemas de protección contra incendios.

¿Hay otras problemáticas que sea necesario resolver?

—A veces se levanta mal tiempo y no se retiran las embarcaciones de las boyas, y en muchos casos no sabemos a quién tenemos que acudir, y tampoco hay nadie que se asegure de que una embarcación puede estar amarrada en una boya determinada. Tampoco hay control sobre los muertos que tiran los particulares. Falta planificación, regulación y gestión, porque todo el mundo hace lo que quiere y el litoral es un caos.

¿Cuántos amarres hay ahora mismo en Menorca?

—Ahora hay 2.500 amarres en los puertos de Maó, Ciutadella, Fornells, Addaia y Cala en Bosch. Y después existen 1.900 puntos de amarre en boyas. Estas cifras prácticamente se mantienen estables desde 2006, aunque con algunos aumentos en algunos puntos, como Fornells o Maó, aunque no es significativo.

¿Así pues, la masificación del mar no se está traduciendo en un aumento de los amarres?

—Es que el problema no son solo los amarres, porque tenemos las rampas saturadas. Ahora en una misma zona de varada nos encontramos a los particulares que tiran sus barcas en el mar, a las empresas de alquiler de embarcaciones y a las de kayaks. Y además están los bañistas, de quienes siempre nos olvidamos, pero que tienen que poder nadar en el mar con seguridad, porque son el grupo más numeroso y, por lo tanto, el interés general es este y no tanto las embarcaciones. Ahora, si una empresa pide el uso de una rampa para diez o veinte embarcaciones, ¿en función de qué le decimos que no? Desde Costas si que empezamos a limitar el número de embarcaciones, pero no tenemos un plan que nos avale para llevar a cabo esta reducción.

Usted se ha mostrado favorable a la reducción de los plazos de las concesiones o autorizaciones en las boyas de la costa.

—Es insostenible que cada boya la pueda usar solo una persona, que la utilizará un mes o diez días, y que no la pueda usar nadie más, porque esto luego provoca que se comercialicen de manera ilegal.

También se muestra partidario de los campos de boyas públicas, que se pueden reservar a través de una aplicación.

—Sí, porque las administraciones deben garantizar el uso público del mar y lo que no podemos hacer son áreas de fondeo privadas. Si todo el mundo debe tener una boya para su barca, no tenemos costa suficiente para todos. Es insostenible e inviable.    Hay que hacer zonas azules como con los coches, para que todos podamos disfrutar del mar.

La sensación de masificación también aumenta por el alquiler de embarcaciones sin titulación.

—El ‘boom’ de este tipo de alquiler está asociado a que en algunas playas no se puede acceder en coche y la gente las usa como vía alternativa, porque son un producto económico. Además, creen que si no van a Macarella es como si no hubieran estado en Menorca. A ello se suma que ha habido una mala praxis de estas empresas, porque no dedican tiempo suficiente a enseñar a los clientes cómo manejar la embarcación, y si un día ven que hace mal tiempo siguen alquilando, y luego pasa lo que pasa.

A todo ello, se ha anunciado que las embarcaciones de la lista 7a, las de recreo, se podrán alquilar a partir de 2025.

—Esta normativa ha provocado mucha polémica pero solo afectará al registro de embarcaciones. Evitará que una persona tenga que cambiar de lista cada vez que cambie de uso, pero no creo que tenga un efecto muy notable en la Isla.

El Estado traspasó las competencias de Costas a Balears, aunque desde el mismo Govern se ha denunciado la falta de medios.

—Es verdad que las peticiones de informes se han recibido más tarde y esto hará que se retrasen las autorizaciones. El traspaso de competencias se hizo el 1 de julio del año pasado, y quizá hace falta que el engranaje funcione mejor y también más personal.