Los caballos impactaron contra numerosas personas en la calle de Sant Roc, después del jaleo. | Javier Coll

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Cristóbal Rogelio Llambías, quien era propietario de Zoclo, uno de los caballos implicados en los hechos que, el 8 de septiembre de 2016, ocasionaron múltiples heridos durante las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, reclama el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad de levante, ante el calvario que está representando el asunto para su familia. Tanto es así que, a punto de cumplirse ocho años del accidente, han tenido que desembolsar cerca de 80.000 euros, entre la indemnización a los heridos y las costas procesales.

Fruto de una primera demanda por parte de la herida de mayor gravedad, Llambías fue condenado a indemnizar con 46.583,69 euros a la afectada. Algo que el demandado considera injusto, porque «hasta la fecha, ni el Ayuntamiento ni su aseguradora han querido hacerse cargo de los daños a los que fuimos condenados». Especialmente, porque «sabemos que [el Consistorio] ha resuelto otras reclamaciones ocasionadas por caballos participantes pagando los daños a los lesionados».

Procesos

La abogada de Llambías, Cristina Martínez, anunciaba ayer, a través del MENORCA, que próximamente presentarán recurso de apelación contra la sentencia que en mayo dictó la Audiencia Provincial de Palma. El juez desestimó su denuncia contra los propietarios de otro caballo, el que escapó de sus cuidadores en un garaje tras concluir el jaleo, y que en su huida, provocó la reacción de Zoclo.

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La sentencia está pendiente de un auto aclaratorio, pero Martínez da por perdida la demanda, de ahí que ya trabaje en la apelación.

También está abierta la vía administrativa. «Estamos pendientes de que el Ayuntamiento resuelva nuestro recurso», contra su resolución que desestimó la reclamación de la familia. Sobre este asunto, el Consistorio se escuda en que no ha sido condenado, pero «es el Ayuntamiento quien organiza las fiestas, y pide a los propietarios que asuman su responsabilidad, en lugar de regular y controlar bien» a los participantes. Se refiere la letrada a lo recogido en los protocolos, de que «los caballos participantes han de ser enteros y preferentemente de raza menorquina, que se adaptan mejor a las fiestas». Sin embargo, «no hay un control» y, de hecho, apunta Martínez, «el caballo que huyó y provocó el accidente era de raza española, más imprevisible». «Las ordenanzas y protocolos no regulan casi nada de los caballos, ni que estén custodiados, ni que deban tener experiencia en las fiestas», lo que reduciría riesgos.

Ante el Supremo

Otra vía abierta tiene que ver con la denuncia de otro herido, que derivó en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, que repartió responsabilidades entre Ayuntamiento y propietarios de los dos caballos. Sobre esto, «no estamos de acuerdo con que deban responder los propietarios», defiende la abogada, quien presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo. «Es difícil que se admita a trámite, pero es una cuestión de principios, sería bueno que el Supremo advirtiera de que la fiesta con caballos es una responsabilidad de los ayuntamientos como organizadores que son» y que «no basta con contratar un seguro de responsabilidad civil, que suele ser barato y cubre muy poco, debe ser un seguro para espectáculos públicos». Por eso «los seguros no quieren pagar» cuando ocurre algo, denuncia la letrada.

El apunte

Llamada de alerta a todos los propietarios de caballos que se inscriban en las fiestas

«Ya llevamos cinco años de peregrinaje en reclamaciones y demandas, casi 30.000 euros de gastos legales pagados para defendernos y recuperar los 46.538,69 euros pagados (el dinero abonado a la persona herida), y aún así el Ayuntamiento, hasta hoy, no se ha avenido a resolver nuestro recurso de reposición contra su resolución desestimando nuestra reclamación de los daños pagados». Con estas palabras resume Cristóbal Rogelio Llambías, el expropietario de Zoclo (tuvo que vender el caballo por no poder mantenerlo dada la elevada factura que comportó el suceso), el punto en que se encuentra el asunto. «Es el Ayuntamiento de Maó quien como organizador de las fiestas, debería hacerse responsable, o su seguro, pero no con el dinero de los caixers». Y es que, denuncia, el alcalde Héctor Pons, en 2021, «nos propuso, de palabra, hacer una colecta de todos los sobres [la gratificación que concede el Consistorio] de los caixers de la qualcada de Gràcia». Algo a lo que, «por supuesto, dijimos que no». Por eso, Llambías    manda un mensaje de «alerta a todos los propietarios de caballos que se inscriban» en las fiestas.