El depósito de Malbúger acoge la planta desnitrificadora.

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El alcalde Héctor Pons ha convocado un pleno extraordinario para tratar la crisis del agua que atraviesa el municipio, tal como han pedido de manera insistente los partidos de la oposición, PP y Ara Maó, desde que salieron a la luz los problemas de funcionamiento de la desnitrificadora de Malbúger, que suministra agua a más de 7.200 abonados.

El pleno se celebrará el viernes 18 de octubre a las 9.30 horas, lo que ha provocado las críticas del Partido Popular, desde donde denuncian las «malas formas» del alcalde de Maó, al no consensuar ni el día ni la hora de la sesión plenaria con la oposición. «Pensamos que esto es una falta de respeto hacia nuestro trabajo, puesto que debería haber tenido en cuenta que todos los concejales que estamos en la oposición trabajamos durante la mañana, y que, como mínimo, si era un pleno solicitado desde el PP y Ara Maó se tendría que haber consensuado con los dos grupos», lamenta la portavoz popular en el Ayuntamiento de Maó, Virginia Victori.

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Victori también denuncia que la elección del día y hora del pleno responde a los intereses del alcalde. «Es lo que más le conviene, puesto que cuanto menos concejales de la oposición puedan venir y menos ciudadanos lo puedan ver, mejor para él», asegura.

Renuncia de Dolores Antonio

Según el orden del día previsto, el pleno empezará con la renuncia de la regidora Dolores Antonio, que presentó su dimisión por su responsabilidad en la crisis del agua el pasado jueves. La sesión también servirá para crear la comisión informativa especial que investigará todo lo sucedido.

El apunte

El Ayuntamiento nombra a dos responsables del contrato y refuerza la comunicación

El Ayuntamiento de Maó ya ha empezado a tomar medidas para mejorar la comunicación con Hidrobal. Para ello, el alcalde ha dictado un decreto en el que se insta a Hidrobal, en los supósitos de riesgo para las personas, a comunicar las incidencias a Sanidad y al Ayuntamiento, mediante registro de entrada y también a través de correo electrónico y los medios que sean necesarios. El decreto también prevé el nombramiento de dos responsables del seguimiento del contrato y el inicio de un expediente contra la empresa concesionaria.