Denuncian a un policía nacional de Maó por no atender a una mujer que hablaba en catalán

La Plataforma per la Llengua presenta una denuncia administrativa contra un agente por discriminación lingüística

Los hechos ocurrieron en la comisaria de la Policía Nacional de Maó.

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La Plataforma per la Llengua denuncia que una menorquina ha sido discriminada en la comisaría de la Policía Nacional de Maó por «dirigirse en catalán a los agentes». Los hechos pasaron en diciembre, cuando la mujer quiso denunciar una compra fraudulenta en una página web vinculada, supuestamente, a una conocida cadena de supermercados.

En la comisaría, según relata la denunciante, cuando se iba a formalizar la denuncia, uno de los policías le respondió que hablara «en castellano». La mujer reiteró la petición hablando en su lengua y le recriminó que el término «denuncia» era idéntico en catalán y en castellano, por lo que no da lugar a ningún malentendido. Siempre según la denunciante, el agente le respondió que «él era la autoridad» y le exigió identificarse con el DNI. Por su parte, la mujer pidió también al policía que se identificara, lo que el agente se negó.

Cuando la mujer comprobó que los agentes no entendían ni escribían en catalán, se vio obligada a acceder a hablar en castellano para poder continuar el proceso de denuncia. Ante esta circunstancia, la mujer decidió tramitar una segunda denuncia penal, en este caso por vulneración de los derechos lingüísticos, y se puso en contacto con Plataforma per la Llengua a finales de enero. Ahora, la entidad, en representación de la víctima, ha interpuesto finalmente una denuncia administrativa contra el agente, con el objetivo de que le abran un expediente sancionador.

«Un deber legal»

La Plataforma asegura que el catalán en Balears «es un deber legal, también para la Policía Nacional». En este sentido, la entidad recuerda que el artículo 4 del Estatut d'Autonomía de Balears dispone que la lengua catalana tiene, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial, lo que «garantiza a los ciudadanos el derecho de utilizar cualquiera de las dos lenguas en sus relaciones con la administración pública». Asimismo, la Ley de normalización lingüística «también establece en el artículo 2.2 que este derecho implica poder dirigirse en catalán, oralmente o por escrito, a la Administración, a los organismos públicos y a las empresas públicas y privadas».

También apunta que en lo que respecta a la policía, el artículo 104.1 de la Constitución española obliga a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía, y la Ley orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, tipifica los hechos denunciados por esta ciudadana en Maó como falta muy grave. En concreto, lo es «toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, sexo, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social», asegura la Plataforma.