Más de 600 personas claman contra la especulación de la vivienda en Menorca

Fue, por tanto, un éxito de convocatoria en la cita que arrancó en la plaza Esplanada y concluyó en la de la Miranda, previa parada en la plaza Constitució, con la presencia de varios políticos de la izquierda insular, casi todos ellos juntos y alejados de la cabeza de la marcha en la que podían leerse las dos pancartas preparadas para la ocasión: «Acabem amb el negoci de l’habitatge» y «Per un habitatge digne, Menorca no es ven».

Entre 600 y 700 personas acudieron a la convocatoria de carácter nacional para reclamar el derecho a tener una casa en condiciones y poder pagarla sin agotar la mayor parte del salario. La concentración, organizada en la Isla por la plataforma Alaior per un Habitatge Digne, junto a la Coordinadora d’habitatge de les Illes Balears, de la que forma parte además la Plataforma Menorca per un Habitatge Digne, permitió mostrar la honda preocupación por una cuestión convertida en problema capital para miles de isleños.

La manifestación arrancó media hora después del horario previsto, pero dio tiempo a que el grupo se hiciera más y más numeroso. La plataforma alaiorense había convocado a sindicatos y partidos, incluso también había repartido pasquines en árabe aunque muy pocos respondieron a la llamada. Los diputados baleares Marc Pons, Josep Castells y Cristina Gómez, el diputado nacional Pepe Mercadal, el edil Jordi Tutzó y otros compañeros de Ara Maó, junto a Isa Allès, portavoz de Avançam Alaior, entre otros, todos ellos de formaciones de izquierda, coparon la cuota de quienes representan a los ciudadanos de esta Isla en las diferentes administraciones.

Consignas como «Ni gent sense casa ni casa sense gent», «Volem casa per viure» o «Deixar-nos respirar, habitar i menjar» fueron algunas de las que gritaron los manifestantes a lo largo del recorrido.

Ya en la plaza Miranda, Encarna Mínguez, de la plataforma alaiorense, y otros dos compañeros dieron lectura al manifiesto reivindicativo en el que expresaron la necesidad de acabar con las dificultades para vivir con dignidad y sin pasar hambre. «No podemos elegir entre techo y comida pagando alquileres que superan el salario base», dijo.

Las soluciones que trasladan a las administraciones pasan por bajar un 50 por ciento los alquileres y convertir los contratos en indefinidos «y no a cinco o siete años como los actuales porque permiten a los propietarios, por ejemplo, subir las rentas de 800 a 1.200 euros», subrayando que si estos los precisan para ellos o un familiar la ley les protege para que puedan recuperarlos.

Hicieron hincapié en la existencia de 9.500 viviendas vacías en Menorca, que deben recuperarse para los residentes y no para los bancos o fondos buitres. «No es necesario construir para que se forme otra burbuja inmobiliaria y siempre ganen y pierdan los mismos».

Solicitaron el final de la compra especulativa de viviendas y que se desarticulen las empresas antiokupas porque usan la violencia para sacar incluso a familias con menores de las casas, dijeron. La otra solución que plantearon es la de aumentar el parque de vivienda pública rescatando las de la Sareb que las adquirió «con el dinero de los españoles» y ahora pone en peligro a los alquilados en ellas, como sucede con las 56 familias del bloque de Alaior con el riesgo de que acaben expulsados, concluyeron.