Pisos en suelo rústico junto a Maó y Ciutadella: las claves del último acuerdo entre PP y Vox

El decreto ley, pactado entre ambos partidos, también permite desbloquear suelo urbano y urbanizable en municipios de más de 10.000 habitantes, lo que incluye a Alaior

Vista de Alaior, uno de los municipios menorquines, junto con Maó y Ciutadella, que podrán desbloquear suelo urbano y urbanizable. | Gemma Andreu

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El Parlament convalidará previsiblemente hoy el decreto ley de vivienda que permite extender la nueva figura de los Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE), diseñada para habilitar suelo y construir hasta 20.000 viviendas en Palma, a municipios más pequeños, con poblaciones superiores a los 10.000 habitantes, y del que en Menorca se pueden beneficiar Alaior, Maó y Ciutadella. El decreto deriva del acuerdo alcanzado entre el Govern del PP y el grupo parlamentario Vox e incluye también la posibilidad de que los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes reclasifiquen suelo rústico en las denominadas Áreas de Transición (AT) y lo destinen a la construcción de viviendas, siempre y cuando así lo aprueben los plenos municipales.

El decreto ley 3/2025 se convalidará hoy en el pleno del Parlament, tal y como fue aprobado por el Consell de Govern hace unas semanas, y después se tramitará como proyecto de ley, periodo durante el cual se incluirán las enmiendas propuestas por Vox. Entre ellas, según explicaron ayer el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, y la portavoz de Vox en la Cámara, Manuela Cañadas, está la extensión de la normativa a los 24 municipios de Balears que tienen más de 10.000 habitantes, algo que Vox había exigido a cambio de su apoyo, y que permitirá aplicar los PRE y desbloquear suelos urbanos y urbanizables.

El futuro proyecto de ley también contemplará la posibilidad de que los municipios mayores de 20.000 habitantes, Maó y Ciutadella en Menorca, puedan decidir si desarrollan proyectos urbanísticos en las Áreas de Transición, los espacios que conectan la zona urbana y la rural, lo que implicará recalificar suelos rústicos en urbanizables.

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El conseller José Luis Mateo enfatizó ayer que el objetivo es adoptar «medidas extraordinarias» a medio y largo plazo para generar «vivienda asequible para los residentes». También remarcó que los Proyectos Residenciales Estratégicos son un concepto similar a las reservas estratégicas de suelo que contemplaba la conocida como Ley Carbonero, norma de 2008 aprobada por la mayoría de izquierdas.

Los PRE suponen más agilidad en la tramitación: mientras las reservas estratégicas requerían de un plazo de unos diez años para su aprobación, la nueva figura podrá autorizarse en un periodo de 18 a 24 meses.

Pisos protegidos

El proyecto legal incorporará por medio de enmiendas que el 50 por ciento de la construcción a través de los PRE se reserve a un régimen de protección, bien sea vivienda protegida pública o vivienda a precio limitado, y que además se ceda al ayuntamiento un 15 por ciento del aprovechamiento para construir pisos protegidos. Además, parte de esa vivienda protegida tendrá que reservarse para funcionarios desplazados, como policías, sanitarios y profesores, y en las áreas de transición habrá reserva adicional para vivienda protegida, explicó el conseller.

«Bomba de cemento»

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, acusó al PP de impulsar un «pelotazo urbanístico» con el decreto ley, que a su juicio no solucionará los problemas de acceso a la vivienda de la ciudadanía, sino que favorecerá a los grandes inversores europeos. Del mismo modo, los socialistas de Eivissa calificaron los últimos decretos del Govern de «bomba turística» y «bomba de cemento» que «agravan» la emergencia habitacional y ambiental. La diputada menorquina de Unidas Podemos, Cristina Gómez, criticó que PPyVox aprovechan el    drama social de la vivienda «para favorecer la especulación».

El apunte

El pacto veta las ayudas a la vivienda para los okupas

El pacto entre PP y Vox contempla también el veto a ayudas al alquiler y al acceso a viviendas de protección oficial a personas que hayan sido condenadas por delito de usurpación y allanamiento de domicilios. En las medidas contra la okupación, no solo se contemplan restricciones a las ayudas para los condenados por usurpar viviendas ajenas, sino que las dos formaciones políticas han acordado compensar económicamente a los propietarios que hayan sufrido perjuicios y daños económicos por la okupación de sus inmuebles.

El conseller de Vivienda, José Luis Matero, puntualizó, en su comparecencia junto a la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, para explicar el acuerdo, que tendrá que determinarse el alcance temporal del veto a los beneficios sociales para los condenados por delitos ligados a la okupación; será a través de las enmiendas al proyecto de ley cuando se fijen dichos plazos. Por su parte, la diputada de Vox defendió estas iniciativas para evitar que los okupas se beneficien de recursos públicos. «No podemos normalizar la delincuencia», subrayó.

Balears es una de las comunidades autónomas que registra cifras significativas de okupación, en 2024 el Ministerio de Interior computó 514 delitos de allanamiento de morada y usurpaciones de inmuebles en el archipiélago, dato que no está desglosado por islas. Estas son las okupaciones de las que se tiene constancia porque se han denunciado y suponen un aumento del 26 por ciento respecto a 2023, cuando se produjeron 407 delitos de este tipo.