El Consell de Menorca detecta 84 alquileres ilegales por medio de ‘chivatazos’ de los vecinos

Desde que en el primer trimestre de 2024 facilitó un canal web para denuncias particulares ha recibido 108

Imagen general del caso urbano de Ciutadella, el municipio que concentra un mayor número de actividad de alquiler turístico | Foto: Josep Bagur Gomila

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Las denuncias vecinales han permitido al Consell constatar la existencia de 84 inmuebles que se alquilan ilegalmente a turistas en poco más de un año, desde que activó en el primer trimestre de 2024 el formulario que a través de la web facilita a los particulares poner en conocimiento de la administración sus sospechas sobre actividad turística ilegal en viviendas.

A través de este canal de comunicación telemática, el año pasado recibió 96 denuncias y solo en 20 casos era una falsa alarma. Este año el balance actualizado es por el momento de doce denuncias, cuatro de ellas sin recorrido porque los inmuebles tienen licencia. En los 14 meses que lleva en marcha la nueva herramienta el cómputo global es así de 108 denuncias y la gran mayoría, casi el 80 por ciento, tenían fundamento, efectivamente correspondían a viviendas que no contaban con licencia para alojar a turistas, lo que por el momento ya ha derivado en un más de medio centenar de expedientes abiertos.

La vía abierta por el Consell para facilitar los ‘chivatazos’ de particulares se ha revelado como una herramienta de gran trascendencia en la lucha contra el alquiler turístico. No en vano, hay que tener en cuenta que según la última actualización facilitada desde el departamento de Ordenación Territorial y Turística, la institución tiene abiertos en estos momentos 134 expedientes de inspección y que 51 de ellos provienen de denuncias recibidas a través del formulario    web del Consell.

Los 83 expedientes restantes se han iniciado de oficio por el Cuerpo de Inspectores, que en estos momentos está formado por nueve efectivos y una instructora. Hay que tener en cuenta que los procedimientos no se llegan a abrir hasta que se realizan las comprobaciones oportunas y arrancan las actuaciones inspectoras.

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A la vista del elevado número de infracciones que las denuncias vecinales han permitido detectar se prevé que en los próximos meses vaya aumentando el número de expedientes abiertos y en consecuencia las multas impuestas en la cruzada emprendida contra el alquiler turístico ilegal, que sigue teniendo un gran peso dentro de la oferta insular de alojamiento y que el Consell trata de atajar por todas las vías a su alcance.

La consellera de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent, hacía ayer un balance muy positivo del formulario que facilita las denuncias vecinales: «Estamos muy contentos de la respuesta que ha tenido esta nueva herramienta, la colaboración ciudadana es muy importante». En ese sentido destaca que los denunciantes –deben    siempre identificarse para que el expediente pueda prosperar– facilitan a la hora de cumplimentar el formulario la ubicación concreta del inmueble en cuestión y ello supone una gran ayuda para la labor inspectora. La localización exacta de la oferta es «el gran hándicap»    a la hora de poder abrir expedientes sancionadores. Los infractores ponen complicado el trabajo de ubicación de las viviendas y las denuncias vecinales permiten sortear ese impedimento básico.

Según los últimos datos facilitados ayer por la institución insular, a lo largo del año pasado el Consell impuso multas por valor de 1,84 millones de euros y en lo que va de 2025 el balance se sitúa en 424.000 euros. Cabe recordar que el recientemente aprobado decreto Ley 4/2025 contra la oferta ilegal, de medidas transitorias para la oferta y por la calidad turística endurece un 25 por ciento las sanciones para los infractores, pasando las tipificadas como muy graves de 400.000 a 500.000 euros y las graves –las más comunes en el caso del alquiler sin licencia no reiterado– de un límite de 40.000 euros a uno de 50.000.

Colaboración policial

Otra de las vías que quiere potenciar el Consell para avanzar en la detección de oferta de alquiler turístico ilegal es la colaboración con las policías locales. Hace poco más de un año se firmó un protocolo con los ayuntamientos para que sus agentes que alberguen sospechas sobre un caso cumplimenten un cuestionario otorgado a cada Consistorio para especificar el domicilio y facilitar la labor inspectora del Consell. Sin embargo, el director insular de Ordenación Turística y Agenda Urbana, Jaume Fedelich, reconocía ayer que por el momento han llegado muy pocas denuncias por este medio.

Es por ello que en los últimos días se ha reunido con los alcaldes de distintos municipios como Ciutadella, Alaior, Sant Lluís, Es Castell y Ferreries para recordarles la existencia del protocolo y animarles a reforzar la colaboración. Fedelich es consciente, no obstante, de que los agentes policiales ya tienen un gran listado de asuntos de que ocuparse. Recordar en este punto que el Ayuntamiento de Maó ya ha anunciado recientemente que la Policía Local del municipio ejercerá un papel activo en la denuncia de alojamientos que puedan hallarse en situación de fraude.

1,84 millones en multas en 2024. A lo largo de 2024 el Consell, a raíz de la labor de su Cuerpo de Inspectores, impuso multas por valor de 1,84 millones de euros en concepto de alquiler ilegal.

424.000 euros en multas en 2025. En lo que va del año 2025 el importe de las multas que se han derivado de los expedientes en trámite ha sido de 424.014 euros.

Las claves
  1. 134 expedientes de inspección. En estos momentos el Consell tiene abiertos 134 expedientes de inspección. 51 de ellos provienen de las denuncias ciudadanas y 84 de actuaciones de oficio.