El Parlament balear instará al Gobierno central a acelerar la licitación del proyecto de los nuevos juzgados de Ciutadella y a reservar la partida económica pertinente con cargo a los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, se da la paradoja de que, en realidad, este contrato ya está adjudicado, el pasado 20 de marzo, a favor de Enrique Bardají y Asociados SL.
El diputado del Partido Popular, Sebastià Mesquida, registró esta proposición de ley en diciembre, un lapso de tiempo, hasta ahora, durante el cual avanzó el procedimiento por parte del Ministerio de Justicia. En este punto, desde el grupo socialista, la diputada Pilar Carbonero solicitó una «transacción in voce», es decir, enmendar el texto de los populares e instar a Madrid a «cumplir el calendario de adjudicación del proyecto» y «a reservar la dotación económica pertinente de fondos de los presupuestos generales del Estado, para garantizar la total ejecución de la nueva infraestructura en los plazos previstos».
‘No’ de Vox a la actualización
Todos los grupos parlamentarios con representación en la comisión de Asuntos Institucionales y Generales, salvo Vox, es decir, PP, PSOE, Més y grupo mixto, entendieron y aceptaron el cambio solicitado, puesto que iba en la misma línea que la original de los populares, con el fin de acelerar la construcción de los juzgados y poner fin a la precaria situación de las actuales infraestructuras de ponent. No lo vio igual el representante de Vox, Sergio Rodríguez, quien rechazó la enmienda y la proposición de ley acabó, por tanto, votándose con el texto inicial.
Desde el PSOE, Carbonero criticaba ayer la posición de Vox, puesto que lleva al Parlament a instar al Gobierno sobre un asunto ya caduco. El despacho de arquitectura «ya está contratado y, de hecho, el reloj ya ha comenzado a caminar y en un plazo de cinco meses (desde la firma del contrato) debe estar redactado el proyecto ejecutivo».
El 20 de marzo, el ministerio otorgó el contrato a Enrique Bardají y Asociados, por 532.763 euros (IVA incluido), con una rebaja de 187.000 euros sobre el precio de licitación. Ahora, los arquitectos tienen un plazo de dos meses para redactar el proyecto básico, y tres más para el ejecutivo. Además, la empresa se hace cargo de la dirección facultativa de las obras, presupuestadas inicialmente en 11,3 millones de euros y con un plazo de ejecución de 26 meses.
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