El juzgado rechaza paralizar la legalización de ‘hortals’ en Menorca como le pedía el PSOE

Niega las medidas cautelares para frenar la 'amnistía' de las construcciones en suelo rústico con la infracción prescrita y se remite a la sentencia para decidir si el proceso vulnera o no la legalidad

Vista general de un núcleo de 'hortals' en Ciutadella

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La legalización de los ‘hortals’ de Menorca no se detiene. El juzgado que tramita el contencioso del PSOE contra la denominada amnistía en suelo rústico ha rechazado de plano la suspensión cautelar que pedían los socialistas. De esta forma, los propietarios que quieran acogerse a esta vía extraordinaria para regularizar sus construcciones lo pueden seguir haciendo.

Los plenos de Maó y Alaior ya han fijado los criterios que se van a exigir para legalizar los ‘hortals’ y se espera que, en las próximas semanas, hagan lo propio el resto de municipios. Finalmente, no ha prosperado el plan del Consell para aplicar unos criterios únicos en toda la Isla y están apareciendo las primeras diferencias. El plazo que tienen los dueños para acogerse a la medida de gracia es de tres años.

El titular del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Palma concluye en un auto del 13 de marzo al que ha tenido acceso ‘Menorca – Es Diari’ que no se cumplen los requisitos legales para dictar una suspensión cautelar hasta que haya una sentencia firme. Además, impone unas costas simbólicas al PSOE de cien euros.

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La legalización es revocable

El magistrado Alejandro González Mariscal de Gante argumenta que siempre se podrá revertir la legalización si la resolución del caso acaba por dar la razón a los socialistas.

La demanda fue presentada el pasado mes de septiembre a título personal por los consellers del PSOE en la institución insular, Susana Mora, Josep Pastrana, Eduardo Robsy y Bàrbara Torrent, y se han personado en la causa como parte interesada el Consell de Menorca y los cinco ayuntamientos gobernados en solitario por el PP: Ferreries, Es Castell, Es Migjorn, Alaior y Sant Lluís.

El juez descarta que exista un peligro de mora procesal en caso de no dictarse las medidas cautelares, ya que los procedimientos de legalización de ‘hortals’ que puedan completarse en los tres años previstos por la ley «son revocables en todos los casos» si se acredita por sentencia, como sostiene el PSOE, que tiene visos de inconstitucionalidad y vulnera leyes de rango superior.

El recurso, concluye el magistrado en el auto, «funda la suspensión [cautelar] en la falta de seguridad jurídica que supondría revocar la tramitación resulta paradójico cuando se acude a esta instancia, precisamente, pera resolver la controversia y dar seguridad jurídica».

El apunte

Núria Torrent critica la «incoherencia» del PSOE: «Ahora son los primeros en aplicarlo»

La consellera de Ordenación Territorial, Núria Torrent, ha recibido con satisfacción el auto que deniega las medidas cautelares que había pedido el PSOE para paralizar el proceso de legalización de ‘hortals’. A su juicio, los socialistas incurren en contradicción cuando critican la política urbanística del PP o incluso la llevan a los tribunales y después, en los ayuntamientos donde gobiernan, «son los primeros en aplicarla».

Se refiere en concreto al hecho de que el Ayuntamiento de Maó haya sido el primero en fijar los criterios a cumplir por las construcciones en rústico que se acojan a la legalización. Unos requisitos que considera «bastante razonables» y «no muy restrictivos» para los propietarios. «Están admitiendo por la vía de los hechos que las políticas del PP dan solución a los problemas», apostilla.

La consellera territorial considera también contradictorio que otro municipio gobernado por la izquierda, en este caso Ciutadella, haya aprobado ceder una parcela de suelo rústico al Ibavi para la construcción de viviendas sociales, al amparo de un decreto del Govern que permite su edificación sin esperar a la aprobación definitiva del Plan General.