El PP propone a Vox agotar el suelo urbano antes que construir pisos en rústico

Introduce restricciones en el decreto ley para no edificar alrededor de los polígonos y permitirlo solo junto al suelo urbano ya consolidado

Solo quedan excluidas de las restricciones las promociones de vivienda pública que proyecte el Ibavi, como ésta de Ciutadella | Foto: Josep Bagur Gomila

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El Partido Popular aprovecha la tramitación de la futura ley autonómica que permitirá la reclasificación de suelo rústico para la construcción de viviendas para restringir su aplicación en los municipios de más de 20.000 habitantes, entre ellos Maó y Ciutadella.

Según ha podido saber este diario de fuentes del PP, el partido plantea a Vox enmendar su contenido para que los promotores y propietarios de los terrenos ubicados en las áreas de transición de ambas ciudades no puedan impulsar la construcción de pisos en rústico si antes no se ha agotado todo el suelo urbano y los sectores urbanizables pendientes de desarrollar, en aplicación de sus planeamientos.

Además, solo se autorizarán proyectos en solares colindantes que estén tocando suelo urbano ya consolidado para así no diseminar el futuro crecimiento.

La medida únicamente afecta a las promociones de iniciativa privada, pues el Ibavi sí podrá emprender proyectos residenciales de vivienda pública en áreas de transición sin esperar a que se desarrolle toda la trama urbana. El ejemplo más claro de ello es la nueva promoción de 60 pisos de protección oficial que el Ibavi se ha comprometido a construir en la parcela municipal de 10.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento de Ciutadella le ha cedido para este fin en la avenida Ciutat de l’Alguer, contigua a la Ronda Norte.

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La propuesta popular, que está pendiente de ser negociada en su trámite parlamentario con Vox, también pretende dejar libre todo el entorno de los polígonos industriales, donde no se permitiría reclasificar suelo rústico para así no mezclar usos ni proyectar viviendas frente a instalaciones de carácter industrial. Todas estas modificaciones al decreto deberán negociarse e introducirse mediante enmiendas hasta la aprobación definitiva de la ley por parte del Parlament balear.

Coincidencia

La nueva propuesta del PP coincide en parte con la demanda de los gobiernos municipales de Maó y Ciutadella, que piden que se priorice el desarrollo del suelo urbano pendiente antes de autorizar nuevas construcciones en rústico.

El decreto ley 3/2025 de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en Palma fue convalidado el 15 de abril en el Parlament con 32 votos a favor (PP, Vox y los diputados escindidos de la formación de extrema derecha) y 24 en contra (PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unides Podem).

La regulación, concebida inicialmente para la capital balear, se extrapolará ahora a los municipios de más de 20.000 habitantes. Las disposiciones, que deberán incluirse en la ley, fijan que deberá garantizarse que el 30 por ciento de las viviendas de precio limitado de una promoción se reserven a menores de 35 años. Sus inquilinos deberán acreditar además que llevan residiendo un tiempo en el municipio.

Además de los grupos de izquierda, también el GOB se ha opuesto inicialmente al decreto del Govern al estimar que propiciará que haya «pisos más caros, con menos zonas verdes y un gran beneficio    para los promotores».

Los ayuntamientos de Maó y Ciutadella tendrán la potestad de decidir si se ajustan a la futura ley

Fuentes del PP inciden también en que la futura ley respetará la autonomía municipal, de manera que los ayuntamientos podrán decidir si se ajustan o no a lo dispuesto por la nueva regulación autonómica. El decreto solo menciona explícitamente que se concibe para que se aplique en Palma pero, a petición de Vox, se extenderá también a los municipios más poblados de las islas.

El Govern, que dice haberse inspirado en la antigua ley Carbonero del Pacte de Progrés para incorporar estos suelos de transición a la construcción de vivienda, pretende contrarrestar así el actual déficit de pisos fusionando en un solo paso la tramitación del plan de ordenación y los proyectos de reparcelación y urbanización que se requieren antes de poder edificar cualquier parcela. Quiere alentar con ello la colaboración público-privada para transformar, «sin demoras innecesarias», el suelo que permita solventar la actual crisis de la vivienda. El 50 por ciento de las edificaciones en las áreas de transición deberán destinarse a pisos de protección pública (VPO) o de precio limitado. Asimismo, se deberá ceder al ayuntamiento un 15 % del aprovechamiento para crear vivienda.