Acreditada la primera empresa privada en Menorca para agilizar el trámite con las licencias de obra

El Consell activa así uno de los mecanismos previstos en la ley de simplificación administrativa del Govern ante el colapso de los servicios municipales de Urbanismo

El Consell espera que las ECU permitan reducir los plazos de las licencias de obra, que ahora pueden tardar hasta dos años | Foto: Gemma Andreu

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El Consell de Menorca ya ha acreditado a la primera entidad colaboradora urbanística (ECU) que podrá operar en la isla, y está tramitando la validación de otra más. De esta manera, se activa en Menorca uno de los mecanismos previstos en la ley de simplificación administrativa del Govern (Ley 7/2024), que permite a los ayuntamientos externalizar, de forma voluntaria, la tramitación de las licencias urbanísticas a través de este tipo de empresas privadas, reduciendo así los plazos de concesión.

Dicha ley establece que el órgano competente para autorizar a estas entidades son los consells insulares, por lo que, con esta primera autorización del Consell, esta vía queda oficialmente abierta en la isla. Para explicar los pormenores de esta novedad, la consellera de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent, ha comparecido esta semana ante la junta de alcaldes.

Registro insular de empresas

El Consell también trabaja en la creación de un registro público de las entidades autorizadas a operar en Menorca, el cual se podrá consultar en su página web. La primera empresa que figurará en este registro es Aucatel, líder en el sector de las entidades colaboradoras de la Administración.

Torrent confía en que esta nueva vía sea bien acogida por los ayuntamientos, aunque serán los particulares o promotores quienes deberán contratar los servicios de estas empresas y presentar posteriormente la documentación en el ayuntamiento, junto con los informes emitidos por la entidad.

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De momento, desde los consistorios de la Isla se acoge esta vía con interés, aunque se está a la espera de conocer los detalles. «Todo lo que pueda ayudar a agilizar las licencias es bienvenido, pero ahora hay que ver el fondo: cómo se gestiona, quién se hace responsable de las licencias, quién informa, etc. Lo valoraremos y veremos si tiene cabida y se puede gestionar», señala Sandra Moll desde el Ayuntamiento de Ciutadella.

También se muestra expectante el alcalde de Ferreries, Pedro Pons, quien lamenta que, actualmente, el tiempo de concesión de una licencia en su municipio oscila entre seis y nueve meses. «A falta de analizar en detalle las implicaciones operativas, cualquier medida que contribuya a agilizar la concesión de licencias la valoramos positivamente», asegura. Desde otros municipios, como Alaior y Es Castell, también se muestran dispuestos a estudiar esta posibilidad.

Mesa de Vivienda

El funcionamiento de las entidades colaboradoras urbanísticas (ECU)será uno de los temas que se abordarán en la próxima Mesa Insular por el Derecho a la Vivienda y la Ciudad, que se celebrará el 11 de junio. La Mesa incluirá una jornada de trabajo en la que participarán cuatro expertos, y se desarrollará bajo el título «Análisis de la normativa existente y propuestas de actuación en materia de vivienda asequible».

«Estamos convencidos de que la vía de las ECU ayudará a agilizar el proceso de concesión de licencias de obra, que es una de las trabas con las que se encuentran muchos particulares y promotores a la hora de construir. Por ello, creemos que tendrá una buena acogida», señala la consellera Núria Torrent.

El apunte

Sin encaje jurídico para priorizar las primeras residencias

El Consell no ha encontrado la vía legal para poder priorizar las solicitudes de licencias de obra destinadas a viviendas de primera residencia. Se trata de una propuesta surgida en la Mesa Insular por el Derecho a la Vivienda y la Ciudad, un organismo que agrupa a administraciones, colectivos profesionales y entidades sociales, y que ya se abordó en una junta de alcaldes anterior.

Aunque la posibilidad de priorizar las licencias para viviendas destinadas a residencia habitual o al alquiler de larga duración había despertado el interés de municipios como Es Mercadal —que la veían como una herramienta más para hacer frente a la crisis habitacional—, existían dudas sobre su viabilidad jurídica.

Vivienda protegida

Ahora, el departamento de Ordenación Territorial y Turística, encabezado por la consellera Núria Torrent, ha descartado que esta medida tenga encaje en el ordenamiento jurídico, y solo considera jurídicamente justificable la priorización de licencias para viviendas que cuenten con algún tipo de protección oficial.